El hijo de un exedil del PP utilizó el coche de Divalterra para asuntos personales

El joven, que se dedicaba a cuestiones relacionadas con el turismo, fue despedido por el uso reiterado de un vehículo de la empresa pública para asuntos particulares. Entre sus obligaciones como trabajador de Divalterra se incluía la gestión del stock de los diferentes materiales promocionales, abastecer las oficinas de atención turística y conducir la furgoneta del Centro de Turismo de la Diputación, entre otras ocupaciones.

En abril de 2022 se instaló en los vehículos un sistema de geolocalización, decisión que se comunicó de manera inmediata a los trabajadores. El dispositivo permitió detectar el fraude de este empleado.

El informe que en su día elaboró la Diputación recoge varios desplazamientos realizados al Palmar, lugar de residencia del empleado. Se da la circunstancia de que su padre es uno de los grandes hosteleros de este conocido enclave turístico. De hecho, sus declaraciones de bienes en su etapa de concejal siempre era de las más abultadas junto con las de Alfonso Grau.

El automóvil quedó parado durante horas pese a tratarse de la jornada laboral. También consta otro desplazamiento a Chiva y un estacionamiento durante 5 horas en una zona residencial. De igual modo, quedaron registradas 22 incidencias por retraso en la entrada. La jornada laboral era de 7,5 horas (desde las 9.30 a las 14 horas). La vigilancia permitió detectar otros 16 desplazamientos con el vehículo en horarios y lugares que no se correspondían con el trabajo a realizar u órdenes de sus superiores.

Aleixandre buscó el amparo de la Justicia. Primero trató de demostrar que su despido se debía a una persecución ideológica. Él, militante del PP, supuestamente fue degradado en sus funciones una vez se produjo la victoria del Botánico. Pero no aportó prueba de esta tesis. Además, desarrolló su labor sin queja alguna desde 2016 hasta 2021, subraya la sentencia. El fiscal, presente en la vista al alegarse la vulneración de derechos fundamentales, se opuso a sus pretensiones.

El titular de Contencioso 8 de Valencia analiza el dosier elaborado a partir de los datos del vehículo. El trabajador alega que los desplazamientos al Palmar se corresponden con la realización de un reportaje de una televisión extranjera. Pero, de igual modo, hay cuatro viajes que se producen una vez los profesionales de la información han terminado su trabajo. Además, eso no explica el hecho de que se localizara el vehículo en nueve ocasiones en una calle de Sueca y casualmente siempre en horario destinado a la comida.

El convenio que se aplicaba a los trabajadores era el de Divalterra. El documento recoge como falta grave el uso inadecuado del vehículo para cuestiones distintas a las relativas a su trabajo. El hecho de el documento recoja explícitamente este comportamiento impide «que se pretenda integrar el mismo en la falta muy grave relativa a la trasgresión de la buena fe contractual para justificar la sanción de despido». Nada se probó respecto, por ejemplo, a la disminución del rendimiento.

Todo esto lleva al juez a rechazar que el despido se produjera dentro «de la cobertura que proporciona el propio convenio». Lo correcto hubiera sido, siempre según la norma, «una amonestación por escrito, suspensión de empleo y sueldo de tres a treinta días o descenso de categoría». Pero el despido fue «inadecuado y desproporcionado», según el criterio del magistrado.

Así, la sentencia estima parcialmente los argumentos de Aleixandre y resuelve que se le debe readmitir en la Diputación al exalcalde o bien pagarle una indemnización, que ascendería a 26.000 euros.