La incansable lucha del exfuncionario de Antifraude por limpiar su reputación en Azud

El funcionario y su mujer, que cobraron a través de una empresa 50.000 euros por el controvertido dosier, lograron hace unos meses que el asunto se sobreseyera. El motivo era la prescripción de los supuestos delitos de blanqueo y falsedad.

Sin embargo, en ese auto en el que daba carpetazo a la investigación -se omitía si de manera libre o provisional, aspecto también recurrido- se recogía un relato de hechos delictivo que el letrado de Torres considera innecesario.

El escrito que concluye con la prescripción debería, según su criterio, «limitarse a su declaración, constituyendo un manifiesto abuso de la misma la declaración de responsabilidad penal en la misma resolución en la que se la declara extinguida». Por este motivo pide amparo a la Audiencia, para que se elimine ese contenido perjudicial para sus representados.

El letrado insiste en que tal y como se configuró el auto de archivo «se menosprecia la presunción de inocencia porque se refleja la sensación de que es culpable, cuando en realidad su culpabilidad no ha sido previamente establecida legalmente».

En este sentido, en la causa de Azud todavía no se había dictado el equivalente al auto de procesamiento, primera resolución que atribuye hechos y delitos a cada uno de los investigados.

La representación legal sostiene que en el supuesto actual se ha vulnerado las anteriores exigencias. «Se ha actuado penalmente contra mis defendidos cuando ya era evidente la prescripción y, además, en la resolución se les imputa una responsabilidad penal clarísima, sin juicio contradictorio y sin previa imputación de hechos punibles», recoge el recurso. Recuerda, a su vez, que en el momento de la imputación de Torres y dos años después la de su pareja, la prescripción «era ya apreciable a simple vista en el momento de dictarse el auto».

Y todo esto, además, bajo secreto de sumario con las lógicas limitaciones al derecho de defensa. La queja del letrado se dirige hacia la instructora porque su escrito constituye «una material declaración de hechos probados constitutivos de delito». La defensa de Torres recuerda que el supuesto cabecilla de la trama, el empresario Jaime Febrer encargó un informe a su representado y que además el trabajo consta en las actuaciones por lo que no se puede hablar de un servicio ficticio por la inexistencia de un contrato, algo que no es obligatorio en este tipo de relaciones.

Pero, además, no se trataba de un dosier «para convencer al Ayuntamiento de Valencia de la legalidad de la operación, sino tener la sociedad que encargó el dictamen un diagnóstico jurídico-legal propio que analizara los principales problemas legales que podría tener la operación... es decir, evaluar su viabilidad jurídica.

Rechaza que se hable de un supuesto informe en las actuaciones por el simple hecho de su extensión -apenas nueve folios- porque ese no puede ser el criterio para cuantificar el importe de un trabajo como este (50.000 euros). Se trata, en todo caso, de analizar la «complejidad y la importancia económica del asunto». Así, para un negocio de más de 31 millones de euros considera que el precio del informe es ajustado.

La tesis de la acusación, que la defensa ha considerado siempre «infundada» y carente de indicios, era que el pago de esa factura a la mercantil Somalo 3 SL era, en realidad, el medio para esconder una supuesta comisión a José Luis Vera, mano derecha de Febrer y abogado con poderosos vínculos con el PSPV.

El asunto conocido como de los colegios consiste en unas parcelas de Valencia entregadas al empresario Jaime Febrer para que este saldara una deuda –30 millones– del Ayuntamiento con congregaciones religiosas tras una sentencia del Tribunal Supremo. Existen informes que cifran en 14 millones el perjuicio causado al Consistorio. La Audiencia, no obstante, ha frenado una nueva pericial.