Otro informe de la UCO afirma que desde Ciegsa se financiaba al PP

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado en el juzgado el informe definitivo sobre el caso Ciegsa, el cobro de comisiones a cambio de la concesión de las obras de colegios e institutos. Los agentes, en un extenso dosier que reúne y contextualiza las informaciones previas, concluyen que desde Ciegsa se financió al Partido Popular. «El motivo que ha propiciado el funcionamiento irregular de la empresa pública habría sido la existencia de una estrategia de recaudación y financiación basada en el cobro de comisiones ilegales con intereses diversos: estrictamente personales y de financiación de partidos políticos». Precisa, además, que se daba una «guerra de laterales» entre las diferentes facciones del PP por recaudar mordidas.

La configuración inicial de la empresa era ya una «puerta al fraude». La sociedad nace en el 2000 y acumula todo el poder sobre las licitaciones y sobre la labor de comprobación de las obras. La Conselleria de Educación quedó apartada. «Se produjo una acumulación de poder en torno a la empresa». Así, Máximo Caturla, el principal investigado en esta pieza, llega a Ciegsa por orden de Francisco Camps.

Los especialistas de la Guardia Civil alertan de que el proceso de contratación en Ciegsa está trufado de irregularidades: la agrupación de obras en lotes – se decidió adjudicar sólo a las empresas valencianas–, la admisión de ofertas al alza, la limitación de las bajas, el abuso del procedimiento negociado sin publicidad, el uso inadecuado de criterios de adjudicación o las modificaciones de los contratos.

Máximo Caturla, tras su desembarco en 2003, procedió a una serie de cambios en la sociedad en el personal y en el organigrama que le permitió manejar la empresa a su antojo. Especialmente llamativa es la llegada de Joan Vergara, una persona sin experiencia previa pero con amistad con el consejero delegado. Le crea un puesto específico y le hace responsable de la valoración de ofertas.

La Guardia Civil destaca cómo sólo tres días después de su llegada y con un fin de semana por el medio, Vergara firmó la modificación de lo que se conoce como «Décima licitación», un lote de nuevos colegios por valor de 43 millones de euros. La valoración de las propuestas de adjudicación había sido anulada por el propio Caturla. Tras los cambios, las firmas que no tienen su sede en Valencia son expulsadas del procedimiento.

Entre los indicios del cobro de comisiones que aporta la UCO, recuerda la declaración que prestó en el juzgado un amigo de Ricardo Costa, David Salvador, que se desplazó a dos empresas donde recibió una caja de zapatos y un sobre -supuestamente con dinero- que les trasladó a una responsable del PP. De igual modo, en su testimonio implicó en la financiación ilegal al vicepresidente Vicente Rambla, aunque este ha salido absuelto de la sentencia sobre la caja B del Partido Popular en la Comunitat.

Este informe complementa, en parte, uno de los primeros que se entregaron en el juzgado y que hablaba del papel de destacados dirigentes del PP en el organigrama para recaudar dinero para el partido y donde se citaba a Alfonso Rus,Francisco Camps o el exvicepresidente Gerardo Camps. Pero aquellas atribuciones iniciales de la Guardia Civil nunca se transformaron en imputaciones por parte del titular de Instrucción 18 de Valencia. Durante las últimas semanas, numerosos arquitectos y responsables de las empresas han declarado en el juzgado.