El camino de Francis Puig a las elecciones autonómicas no estará exento de sobresaltos judiciales. El juzgado de Instrucción 4 de Valencia, que investiga las irregularidades en la obtención de ayudas públicas por parte de las empresas de Francis Puig, hermano del presidente, encargó ... en su momento un informe a la Intervención de la Generalitat.
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El resultado de este dosier puede ser determinante para el proceso judicial. Y, de momento, ya tiene fecha, aunque sea provisional. El organismo tiene el compromiso de presentar su informe el próximo mes de febrero. Justo tres meses antes de los comicios. Y eso siempre que no se produzca un retraso, una circunstancia que no se descarta en análisis de este tipo, condicionado siempre por la abundante documentación. Este calendario forma parte del escrito que la Intervención ha enviado al juzgado que instruye la causa, donde Francis Puig y su socio en el conocido como cartel de las productoras , figuran como imputados.
La Fiscalía sostiene que existen indicios de que se duplicaron facturas y otras pudieran ser por servicios ficticios. Esto fue lo que motivó el origen de la denuncia. La Intervención tiene ahora como objetivo aclarar si los conceptos eran subvencionables, descartar que se duplicaran facturas y ratificar que los servicios realmente existieron.
Tres sospechas que, de confirmarse, pueden arruinar cualquier proceso de este tipo. Luego, al margen, la clave será determinar si el cómputo global obtenido supuestamente de manera ilegal sobrepasa los 120.000 euros. Esa es la frontera entre el ámbito administrativo y el penal.
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El informe abarca los años 2015 al 2018, la primera etapa del Botánico. La Intervención estudiará las facturas de Comunicació dels Ports, Mas Mut, Kanal Maestrat y Kriol Producciones. Los funcionarios encargados del cometido, supervisados por dos interventores, ya se ha percatado de que la documentación enviada por el juzgado resulta insuficiente para completar la tarea. En este sentido, la Intervención solicita al juzgado que se reclame diferente documentación a la Conselleria de Educación, a la Agencia Valenciana de Turismo y a las respectivas empresas bajo sospecha.
La pericial consta de subvenciones de la Dirección General de Política Lingüística, las orientadas a la promoción del valenciano, y también de la Agència Valenciana de Turisme. Los expertos quieren comprobar el modelo de la subvención, la resolución, la cuenta justificativa de esas cantidades. Los especialistas admiten que los plazos se pueden ver alterados dependiendo del plazo con el que reciban la documentación. La previsión de los agentes apunta a que durante este mes y el próximo se reciba la documentación. La actividad de control, el informe propiamente dicho, se haga en noviembre y diciembre. Y la esperanza es tener el dosier listo para enero-febrero del 2023.
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