Un informe de Hacienda ve «errores y deficiencias» en la ley de financiación de Compromís

Sin embargo, un informe elaborado por la conselleria de Hacienda detecta «incoherencias de fondo y deficiencias formales, siendo altamente probable su inadmisión por la Mesa del Congreso». El documento, al que ha tenido acceso este diario, considera que la redacción de la proposición «resulta poco ortodoxa desde el punto de vista de técnica legislativa y genera ambigüedades».

El propio Mazón advirtió en su día al síndic de Compromís de estas circunstancias. De hecho, fuentes del Palau de la Generalitat explican que el president trasladó a Baldoví la necesidad de introducir cambios en el texto para evitar esas incoherencias y deficiencias, y que prefirió evitar el dictamen del pleno del Consell sobre la proposición para dar margen a la formación nacionalista a corregir el texto. No fue así, y Baldoví decidió presentar el texto en Les Corts para debatir su toma en consideración por el pleno esta misma semana.

El informe del departamento que dirige Ruth Merino aconseja rechazar el texto en el Parlamento valenciano. Entre otros aspectos, Hacienda alerta de que la propuesta de los nacionalistas conllevaría un coste de 11.409 millones de euros para el Estado, que se deberían de incorporar a un Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales. «La Mesa del Congreso puede inadmitir la tramitación de una proposición de Ley que suponga mayor gasto, como ya hizo con la Proposición de Ley presentada en fecha 2 de junio de 2022» por Compromís». Y añade: «Si no hay consenso para negociar una reforma sería extraño que la Mesa del Congreso aceptara tramitar una reforma presentada unilateralmente por una Comunidad Autónoma» con un coste para el Estado de 12.972 millones de euros -sumando también el coste de otro Fondo Transitorio propuesto-.

El mismo documento alerta de que el plazo previsto en el artículo 1, en el que se reclama la aprobación de la reforma del sistema de financiación en un plazo de seis meses «es poco realista». Hacienda remarca que el texto indica que todas las referencias en la Ley 22/2009 a la población ajustada se entienden hechas a la población de derecho». Sin embargo, en esa ley hay veces que no se usa expresión «población ajustada», sino «per cápita ajustada», que con la redacción de la proposición no se modificaría.

El texto mantiene referencias a artículos suprimidos o incoherencias como indicar que el objeto de la transferencia del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales es asegurar que cada CCAA recibe los mismos recursos por habitante ajustado, cuando se ha sustituido la población ajustada por la población de derecho.

Además, se elimina el Fondo de suficiencia global, del que también se benefician Ceuta y Melilla «sin prever ninguna compensación o financiación alternativa para las ciudades autónomas». Tampoco se prevé un fondo específico para las competencias singulares (ahora financiadas por el fondo de suficiencia global), «lo que afecta a todas las CCAA de régimen común y especialmente a Cataluña, por contar con más competencias singulares».

El informe concluye recomendando el rechazo de la propuesta. Sería más productivo -afirma- «centrar los esfuerzos en la negociación con el Gobierno Central de un Fondo transitorio de nivelación».