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El debate sobre la financiación singular para Cataluña no es nuevo. No arranca ni siquiera del acuerdo alcanzado entre el PSOE y ERC en ... noviembre de 2023 para sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez. La reivindicación catalana de un nuevo sistema de financiación es histórica, casi tanto como la percepción de maltrato hacia esa región que el independentismo ha agitado siempre que le ha convenido. Y de manera particular, desde la anulación del Estatuto de 2006.
Puigdemont y ERC exigen una financiación singular para Cataluña. Una reclamación que, de momento, no se limita a reclamar más fondos del Estado, sino que llega a solicitar la salida del régimen común, el grupo de 15 CCAA regidas por el sistema de financiación autonómica recogido en la LOFCA, y alcanza el cupo vasco o el concierto navarro, las dos únicas autonomías con un mecanismo financiero distinto y reconocido mayoritariamente como más favorable para sus intereses.
Esa es la financiación singular que exige el independentismo. «Lo que asumí fue el compromiso de reformar el sistema de financiación autonómica y reconocer una singularidad al pueblo de Cataluña», recordó este miércoles Pedro Sánchez. «Eso es lo que he pactado con Esquerra Republicana y es el compromiso que voy a cumplir durante esta legislatura», abundó.
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El independentismo justifica su petición en un supuesto maltrato del Gobierno hacia esa región. Un discurso que viene a sostener que la aportación catalana a la caja común guarda mucha distancia con lo que el sistema de financiación le devuelve. De ahí la reivindicación de gestionar la recaudación fiscal en su totalidad en el territorio catalán, y devolver una parte al Estado, como hacen País Vasco y Navarra.
Pero para hablar de maltrato resulta necesario aportar cifras. Desde Cataluña se ha aludido en alguna ocasión a las balanzas fiscales, aunque los últimos datos revelados por el ministerio de Hacienda no permitían concluir exactamente qué regiones se veían favorecidas y cuáles perjudicadas.
Hay otros indicadores, más claros, que permiten llegar también a conclusiones sobre las necesidades de financiación de las regiones. La Comunitat Valenciana, por ejemplo, pasa por ser la peor financiada de todas las CCAA en términos per cápita. Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha son otras regiones que vienen exigiendo no sólo cambios en el modelo, sino también un fondo de nivelación que, a la espera de ese nuevo sistema, les permita situarse en la financiación media de todas las CCAA.
Los datos contrastados profundizan en esa percepción. Las cifras correspondientes a los ingresos por habitante ajustado correspondientes al sistema de financiación autonómica, en términos per cápita, con las que trabaja el prestigioso Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), ratifican cuáles son esas regiones que requerirían un trato «singular», mucho más específico que, por ejemplo, Cataluña.
El IVIE ofrece información sobre el ejercicio 2021, que es el último dato disponible y definitivo. Cifras por habitante y también en términos relativos siendo 100 la media de las CCAA. El actual sistema de financiación, aprobado en 2009 y caducado desde el 1 de enero de 2014, dejó en 2021 a a cada valenciano 2.693 euros.
Únicamente la región de Murcia obtiene un registro más bajo (2.682 euros). Y las otras dos regiones peor financiadas, Andalucía y Castilla-La Mancha, son las que se quedan por debajo de la media de las regiones del régimen común, que es de 2.934 euros. La diferencia de la financiación per cápita valenciana con la media es de 241 euros por persona.
La singularidad de las cuatro regiones mencionadas está fuera de toda duda. Son las únicas que reciben, en términos por habitante, menos financiación que la media. Y están a años luz de las mejor financiadas, como La Rioja (3.327 euros), Baleares (3.332 euros) o Cantabria (3.405 euros). Cada cántabro recibió en 2021 un total de 712 euros más que cada valenciano.
Hay otro dato que ayuda a percibir con claridad la riqueza de que dispone una región. La renta per cápita, o PIB per cápita, es un indicador que da idea de las condiciones económicas y sociales de un país considerando el crecimiento real y la fuerza laboral. Generalmente también se utiliza como indicador de bienestar social.
En esta otra categoría, las CCAA en peor situación son, por este orden, Andalucía (22.727 euros por habitante), Extremadura (23.221 euros), Canarias (23.915 euros), Castilla-La Mancha (24.231 euros) y Murcia (24.925 euros). Todo ello según los datos con los que trabaja el IVIE a partir de las estimaciones provenientes de las previsiones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
¿Y la Comunitat Valenciana? Nuestra región aparece inmediatamente después, con un PIB per cápita de 26.049 euros. ¿Y eso es mucho o es poco? De lo que no cabe duda es de que trata de bastante menos que la media de todas las autonomías, que se sitúa en 29.704 euros. La diferencia es de 3.655 euros.
¿Y Cataluña? La situación de esa región en estos dos indicadores arroja una conclusión indubitada: es una de las regiones más ricas, pero recibe una financiación por habitante en la media. La primera parte del razonamiento se justifica en un renta per cápita de 34.728 euros por habitante, 5.000 euros por encima de la media de todas las CCAA, y casi 8.700 euros por encima de la valenciana.
La segunda región con más músculo productivo, de las del régimen común, sólo por detrás de Madrid. En financiación, cada catalán recibió, con los datos de 2021, 2.977 euros. La media de todas las CCAA alcanzó los 2.934 euros, de manera que está sensiblemente por encima de la media. Lejos de las mejor financiadas, claro está, pero sin la infrafinanciación que arrastran Murcia, la Comunitat Valenciana, Andalucía y Castilla- La Mancha.
De manera que hay un grupo de regiones que tienen el discutible honor de encontrarse entre las más pobres, por lo que a su renta por habitante se refiere, y además, entre las que menos financiación reciben. Esa doble circunstancia «singular» recae sobre las mismas cuatro que están peor financiadas.
Reivindicar un trato singular, en el marco del régimen común, tiene bastante de perogrullo. Todas las CCAA integrantes de este mecanismo reciben una cantidad de fondos atendiendo a las circunstancias particulares de cada una de ellas. De no ser así, la financiación se decidiría únicamente por el criterio de población, y no por el de población ajustada, que es el que se utiliza. Pero si de singularidades se trata, parece razonable que se tenga en cuenta la situación relativa de cada CCAA respecto al resto. Porque la financiación por habitante y la renta per cápita demuestran que hay una serie de regiones que requieren una atención especial.
El debate sobre la financiación ha cogido vuelo gracias a la reivindicación catalana –la valenciana lleva años haciéndose sentir, pero el eco conseguido ha sido mínimo–. Que la reforma del modelo puede estar cercana ha animado esta semana al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, a esbozar una propuesta de modelo que, en esencia, trataría a aumentar los recursos disponibles del modelo por la vía de permitir a las CCAA asumir competencias normativas sobre algunos impuestos.
Una propuesta que se sostiene en el teórico incremento de recaudación que podría provocar el aumento de actividad económica en algunos sectores concretos a partir de la rebaja de impuestos como el IVA. Se trata de una iniciativa –rechazada de forma más que brusca por el PSPV– que trata de refrendar esa teoría de los populares valencianos que da por hecho que bajar impuestos estimula la actividad. Un win-win de libro, en el que los populares ganan si la propuesta se acepta, y ganan también si se rechaza, por lo que tendría de oposición del Gobierno a bajar los impuestos a los ciudadanos.
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