Un informe interno desvela dos casos de acoso sexual en la Agencia Antifraude

La condición de entidad pública de la Agencia implica la activación de una serie de protocolos especialmente rigurosos. Los casos de acoso, ya sea sexual (como en este caso) o laboral, no son asuntos que una empresa, pública o privada, pueda gestionar a su antojo. La legislación establece protocolos muy precisos y reglados. No poner en marcha esas actuaciones (así como incumplir la confidencialidad de la investigación o las normas vinculadas con las víctimas y acosadores) acarrea responsabilidades legales de gran calado para los superiores jerárquicos conocedores de la situación. Antifraude ha activado esos automatismos so pena de que sus principales directivos pudiesen verse acusados de resistirse a aclarar una situación destapada de manera inesperada.

A partir de ahora, tras iniciarse la investigación, en Antifraude se pone en marcha un proceso imparable.

Una empresa externa, en colaboración con una comisión creada por personal de la Agencia, se encarga de la elaboración del plan de igualdad. Con motivo de ello, al personal del organismo público (algo menos de medio centenar de personas, en su gran mayoría funcionarias), se les remitió una serie de formularios con el fin de evaluar cuál es la situación en Antifraude en todo lo vinculado con la igualdad. Esa evaluación se produjo entre los meses de abril y mayo.

«Al preguntar a la plantilla si se han encontrado en alguna de las situaciones de acoso sexual o por razón de sexo, existe una respuesta por parte de dos mujeres que han indicado haber recibido mensajes con contenido sexual no deseado cuyos remitentes son personas con las que trabajan», señala el documento, un informe preliminar. A partir de ahí se encendieron las alarmas.

Los responsables la comisión que debe elaborar el plan de igualdad para el organismo tuvieron conocimiento de la situación el 12 de junio. Al día siguiente se produjo una reunión con la empresa externa que realiza el plan. En dicha reunión, la comisión indicó a la empresa que, tal y como estaba redactado el informe estaríamos ante un delito de acoso y deberíamos ponerlo en conocimiento inmediato de la Fiscalía, señalan fuentes conocedoras de estas actuaciones. La empresa externa contestó a los responsables de la comisión que los datos de AVAF no presentaban ningún problema significativo, que no había nada delictivo y que se trataba de una pregunta genérica. Sin embargo, la respuesta de las dos trabajadoras y la situación parece que es poco genérica, muy concreta y notablemente grave. De ahí que Llinares señale la puesta en marcha de la investigación interna.

El informe advierte de la existencia de una serie de desajustes. Concretamente, en el análisis de la situación, en el apartado de las 'debilidades' de la Agencia en lo referente al acoso sexual y acoso por razón de sexo, se indica que «se detecta una incongruencia entre la información aportada por la organización (AVAF), que manifiesta que no se ha producido ningún caso de acoso sexual en la agencia, y las respuestas recibidas en los formularios en que dos personas afirman que les consta que se hayan producido casos de acoso sexual o por razón de sexo». Por todo ello se recomienda adoptar un «especial interés» a la hora de analizar «la información aportada por la plantilla a través de los formularios, ante la prevención, detección y actuación en casos de acoso sexual o por razón de sexo».

El informe ha provocado malestar entre miembros de la dirección de Antifraude. Una vez conocidos los dos casos de acoso sexual, los delegados y delegadas de la comisión que elabora el plan de igualdad emitieron un comunicado interno donde informaron de la situación. Eso propició la respuesta de uno de los directivos de la AVAF, que manifestó a la plantilla su necesidad de realizar una serie de observaciones, en las cuales defiende la figura de Llinares, califica de «injustas» algunas consideraciones y asegura no sentirse representado. El malestar y la tensión interna es evidente.

La situación supone un duro golpe en la autoestima de la Agencia, que siempre ha sido muy alta. Antifraude acogió hace menos de un mes la presentación de un estudio sobre la capacitación de los responsables de empresas públicas valencianas, elaborado por la fundación Hay Derecho. El informe destaca a la Agencia por ser una de las entidades con mejores puntuaciones en transparencia y mérito y capacidad de su responsable, Llinares. Los resultados dan la mejor puntuación a la Agencia de todas las rastreadas en España. Las «incongruencias» señaladas ahora, sin embargo, deberán ser aclaradas a través de una investigación por los casos de acoso sexual.