La Policía avala que Oltra no conoció los abusos de su ex antes de la investigación judicial

El juez ha levantado ya el secreto. Se trata de una diligencia encargada en su momento por la acusación popular Gobierna-te, una organización controlada por Cristina Seguí. La representación legal reclamó conocer el organigrama de Vicepresidencia así como el intercambio de correos entre la consellera Oltra y sus altos cargos, entre ellos, el de su jefe de gabinete Miquel Real, persona de máxima confianza de la dirigente de Compromís. Real, que figura como investigado, se acogió a su derecho a guardar silencio hasta que finalizara el secreto de sumario.

El informe policial no depara indicios incriminatorios contra la vicepresidente ni su núcleo de más estrechos colaboradores. Aparte de hacer una recopilación de todos los correos seleccionados en un voluminoso dosier, se concluye que no hubo un trato previo del caso de abusos en Vicepresidencia antes de que se conocieran las diligencias judiciales y la orden de alejamiento acordada contra el agresor.

El relato de defensa de Oltra fue que conoció el caso el 4 de agosto de 2017 cuando llegó una comunicación a su casa dirigida a su marido, que todavía estaba empadronado en ese domicilio. Se enteró por su vinculación personal, pero no por su cargo político. A las siguientes semanas se abrió una investigación, el denominado expediente reservado que la Audiencia calificó de «instrucción parajudicial», para conocer la actuación previa de la Conselleria de Igualdad en las diligencias que se iniciaron nada más conocer la denuncia y que terminaron archivándose al no dar credibilidad a la menor. No se comunicó a la Fiscalía.

La Policía sólo ha detectado nueve correos de interés para las diligencias judiciales. Uno pertenece a Miquel Real, el que fuera jefe de gabinete de Oltra. Se lo envió Enric Juan Alcocer, asesor de Vicepresidencia. Contiene el oficio de la Fiscalía, la comunicación de las incidencias al ministerio fiscal y otro documento de la dirección territorial. La fecha es del 8 de agosto, lo que coincide con la versión facilitada en el juzgado por la vicepresidenta y descarta maquinaciones previas a través de los emails.

El expediente reservado en la conselleria se impulsa pese a que ya existía una investigación judicial en marcha, una circunstancia conocida a partir de ese momento por todos los altos cargos que intervienen en este episodio. Esta es otra de las acciones controvertidas que analiza el juzgado.

Más volumen de información apareció en la cuenta de Alcocer. La Policía señala ocho mails de interés para la investigación encargada por el juzgado. Todos son también a partir del 8 de agosto. Son correos enviados por Gemma Plaza, la directora general de Infancia, y de Amparo Nogués, la jefa de servicio de Infancia.

En las comunicaciones se informa, entre otras cuestiones, de la información que se ha remitido a la Fiscalía, del traslado de centro del investigado, del informe de incidencias de la menor. Las fechas de los mails favorecen el relato de Oltra de cuando conoció todo este caso. Lo hizo en su comparecencia pública y lo ratificó en el juzgado el pasado mes de septiembre.

Llegó a plantearse incluso una situación extraña con el anuncio desde la Generalitat de que se iba a eliminar un dominio del correo @cv.gva.es. La acusación alertó de que eso podría suponer la eliminación de emails de interés para la investigación.

Sin embargo, el subdirector general de sistemas de la Generalitat informó en su momento al juzgado de que ese dominio era únicamente para los ciudadanos que se relacionaban con la Administración, pero nunca para los funcionarios y altos cargos del Consell. Eso fue una idea de hace muchos años que ahora se había decidido eliminar porque no tiene sentido que la Generalitat ejerza de proveedor de correos electrónicos a los ciudadanos.