El inicio del curso político mide el desgaste del Botánico

Más de 1.500 muertos y por encima de los 26.000 contagiados. El balance de la pandemia en la Comunitat Valenciana en ningún caso invita al optimismo, por más que algunos indicadores sitúen a la región en mejores condiciones que otros territorios. El Covid-19 no sólo ha derivado en una pandemia, sino que arrastra también una crisis social y económica cuyas dimensiones aún no llegan a percibirse. El arranque del curso político en la Comunitat Valenciana, con el primer esbozo que han supuesto los nombramientos en el segundo escalón del Consell y con la puesta de largo que se espera en el debate de Política General de finales de este mes, viene marcado por la gestión de una crisis sin precedentes, que pondrá a prueba la capacidad del Ejecutivo valenciano para sobreponerse a sus tradicionales dificultades financieras y ofrecer respuestas solventes, desde la vuelta a las aulas hasta la generación de las condiciones necesarias para la creación de empleo, pasando por los recursos sanitarios suficientes para atender el repunte de casos -el que ya es realidad, y el que se teme por el curso educativo-. También se va a poner a prueba la cohesión del Ejecutivo valenciano, agrietada de forma bien visible desde que el jefe del Consell decidiera en marzo del año pasado adelantar las elecciones autonómicas para hacerlas coincidir con las generales y obtener ventaja ante sus socios. El pacto de reconstrucción abre la puerta a una negociación distinta de los presupuestos de la Generalitat para 2021, con un acuerdo que podría acercar posiciones con PP y Cs casi en la misma medida que alejarlas de Compromís y Unides Podem. El debate de Política General de finales de mes medirá la cohesión del Ejecutivo autonómico. La crisis económica y la dependencia de los recursos que lleguen de Madrid y de Bruselas puede reducir el margen de maniobra a niveles de mero gestor.

La gestión de una crisis sanitaria como la generada por el Covid-19 no puede dejar a nadie sin cicatrices. No lo hace con la consellera de Sanidad, Ana Barceló, a la que el propio Puig dejó en evidencia al nombrarle a un cargo de Hacienda -la secretaria autonómica Mako Mira- para encargarse de las contrataciones y compras de material vinculadas a la lucha contra la enfermedad. La falta inicial de recursos, los retrasos con las PCR, el silencio sobre las residencias, las incógnitas con el inicio del curso escolar, el sorprendente episodio del empresario chino que propició la primera llegada de material, las dudas sobre los hospitales de campaña... se suman a la huelga que mantienen los MIR y a las propias brechas abiertas en una conselleria en la que, según fuentes de ese departamento, algunas áreas no se hablan con las otras. Compromís se ha puesto de perfil y le ha cedido toda la responsabilidad de la gestión sanitaria a la titular de la conselleria, pese a que una de las secretarias autonómicas, Isaura Navarro, pertenece a la coalición.

«La hoja de ruta de los presupuestos la marca el pacto de reconstrucción, es una hoja de ruta clarísima». La frase es del vicesecretario general del PSPV, Manolo Mata. La pronunció el miércoles, y lo que encierra es un mensaje hacia los socios del Botánico. Pactar con PP y Cs -como se hizo en ese acuerdo que marca las prioridades a seguir para responder a la crisis generada por la pandemia- obliga, ahora que toca elaborar las cuentas para el próximo ejercicio, a respetar esos acuerdos y trasladarlos a los presupuestos. Se abre un escenario inédito, que precisamente por inusual parece poco probable que se cumpla. Porque un hipotético acuerdo de toda la Cámara, con la excepción de Vox, sobre las cuentas para 2021 resulta una posibilidad lejana. Presionar a los socios con el hipotético voto de PP y Cs, por más que el portavoz naranja, Toni Cantó, haya mostrado su disposición, podría servir para sacar adelante las cuentas, pero las consecuencias en el Botánico podrían evidenciar la quiebra de confianza entre los socios.

El primer debate de Política General de la legislatura -el año pasado no se celebró porque se produjo el de investidura de Ximo Puig- vendrá marcado por la gestión de la pandemia. PP, Cs y Vox han mantenido una actitud muy crítica con la gestión de la crisis sanitaria por parte del Gobierno valenciano. Isabel Bonig ya pidió a finales de agosto más rastreadores y un acuerdo con los MIR, después de que los datos sugirieran que a Puig «se le había ido de las manos» la pandemia. Con el crecimiento exponencial de los contagios, y con la respiración contenida por lo que pueda ocurrir con el inicio del curso escolar, los socialistas barajan una respuesta en la que la Comunidad de Madrid -sacudida ya por el Ejecutivo central por sus preocupantes indicadores de incidencia del Covid- acabe convirtiéndose en la mejor defensa a los ataques del PP. La creación de empleo y la falta de recursos económicos -con el interminable debate sobre la financiación autonómica- tendrán un espacio propio en un debate donde previsiblemente tampoco faltará el proceso judicial abierto sobre Francis Puig y la vinculación del presidente con los medios de comunicación.

La pandemia ha retrasado los calendarios congresuales de algunos partidos. El PP adelantó los provinciales de Valencia y Alicante, y el local de la capital del Turia, pero tiene pendientes el nacional y el regional. Los socialistas deben celebrar el federal, para pasar luego a los nacionales, provinciales y locales. Con Compromís ocurre otro tanto, mientras que Cs arrastra aún la formalización de su portavoz autonómico y Vox debería resolver en breve la dirección provisional que mantiene desde hace varios meses. Con ese calendario sobre la mesa, Puig reordenó el viernes el segundo escalón de su Gobierno con algunos nombramientos que sólo se entienden en clave de partido. El que fuera candidato socialista a la Generalitat en 2011, Jorge Alarte, será director general de relaciones con las CCAA, un área de gestión y contenido más que difuso. Fernánez Bielsa sitúa a su vicealcaldesa al frente de Puertos, Aeropuertos y Costas -más nombre que competencias- y Verónica López vuelve como subsecretaria de Innovación. Puig trata de reeditar la mayoría de 2017.

El diputado nacional de Compromís, Joan Baldoví, votó el pasado mes de mayo en contra de la quinta prórroga del estado de alarma decretada por el Gobierno por la pandemia del Covid-19. La posición del dirigente nacionalista hizo visible las crecientes discrepancias entre la formación que lidera Mónica Oltra con la gestión del Ejecutivo central. Aquella negativa, justificada entonces por las diferencias respecto al reparto del fondo de 16.000 millones para hacer frente a la pandemia, ha tenido su continuidad en debates como el del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Y se suma a discrepancias tradicionales entre los socios del Botánico como la Declaración de Impacto Ambiental para la ampliación del Puerto de Valencia, o la que mantiene bloqueado el Patsecova -el acuerdo para la puesta en marcha de grandes superficies comerciales, como Intu, y las condiciones para abrir o reformar las de más de 1.000 metros-, la letra pequeña de la ley de Función Pública, o los remanentes de los Ayuntamientos. Tras el adelanto electoral de 2019, las relaciones entre los socios, y en particular entre Puig y Oltra, no han recuperado el nivel de confianza que tuvieron tras el pacto de 2015. ¿Acabar la legislatura? Es un debate abierto.