La inseguridad jurídica sume a Les Corts en el caos

Enric Morera ha quedado interpelado en los informes jurídicos, donde se insta, si la Cámara es incapaz de hacer su trabajo y reformar su propio Reglamento para adaptarse a las leyes que ella misma aprueba, a que el presidente de Les Corts utilice una Resolución de Presidencia para poner fin a una situación inaudita. Y ante todo esto, partidos como ERPV, la filial de ERC en la Comunitat, aprovechan para entrar en Les Corts por la puerta falsa que el tripartito no ha sido capaz de cerrar.

Sin embargo, no hay posibilidad para la oposición de atribuir esta situación a una estrategia del tripartito de izquierdas para dar entrada a los republicanos independentistas valencianos en Les Corts. En realidad, el problema afecta a varias ILP, por ejemplo, a la de la asociación Hablamos Español, que entregó en febrero las miles de firmas necesarias para que sea admitida y debatida su proposición de Ley de Libertad de Elección de Lengua, que cuenta con el apoyo de Vox y que sufre el mismo problema que la de ERPV.

La norma que regula las ILP es una ley aprobada en mayo de 2017, que actualizó y derogó la existente desde 1993. La ley prevé en su artículo 16 que la comisión promotora de una ILP, tras recibir la pertinente admisión de la Cámara, «nombrará una persona para que defienda en el plenario la iniciativa presentada, con el mismo tiempo que el resto de portavoces de los grupos parlamentarios y con turno de réplica». Sin embargo, el artículo 130 del Reglamento de Les Corts impide presentarlas en la sesión plenaria. El parlamento ha sido incapaz de adaptar sus normas a la ley que aprobó hace cinco años. Es una combinación de indecisión e incompetencia que se arrastra ya un lustro y que ha propiciado una situación rocambolesca.

En el caso de la ILP que impulsan los independentistas valencianos, que reclama la gratuidad de los productos vinculados a la regla de las mujeres, en marzo reclamaron defender la iniciativa en el plenario del parlamento. La Mesa de Les Corts solicitó un informe legal para saber qué hacer. Ya pidió uno hace un año. El servicio jurídico de la Cámara elaboró un dictamen, hace dos meses, donde se advierte: «Más pronto que tarde, debería reformarse el Reglamento». Es la solución lógica y «la más conveniente», pero no la solución inmediata, porque el problema debe resolverse ahora, para lo cual se concluye que debe aprobarse una resolución por parte de Morera para «salvaguardar» los derechos de los impulsores de la ILP, un recurso «excepcional y puntual». La Mesa de Les Corts se dio por enterada del informe jurídico el 22 de marzo.

Un mes más tarde, en abril, Maria Pérez Company, Secretària General d'Esquerra Republicana del País Valencià insistió. Se dirigió a Les Corts y, recordando la vigencia de la ley de 2017, solicitó defender en la comisión parlamentaria de Sanidad y en el pleno de Les Corts la ILP, por ser la representante legal de la comisión promotora. Hace dos semanas, la Mesa de Les Corts decidió remitir la petición de Pérez Company a la comisión de Sanidad. Ni una palabra de comparecer en el pleno de Les Corts. El pasado viernes, la comisión estableció que «no existen precedentes sobre cómo debe llevarse a cabo» la tramitación de esa comparecencia y que, teniendo en cuenta que «a corto plazo otras iniciativas del mismo tipo van a ser tratadas ante otras comisiones, solicita a la Mesa de Les Corts que recabe informe jurídico que determine cómo debe llevarse a cabo dicho trámite». En definitiva, que la inseguridad jurídica aboca a un tercer informe (el primero se hizo el año pasado), que se suma al segundo realizado en marzo. Los parlamentarios que hacen las leyes y que no han sido capaz de acompasarlas le pasan la patata caliente a los juristas, que a su vez se la devuelven. Tres informes de los letrados porque los diputados que legislan son incapaces de aplicarse a sí mismos la legislación que han aprobado y, consecuentemente, cambiar el Reglamento de Les Corts.