El tripartito no tiene opinión sobre la gratuidad de los productos para la menstruación

La propuesta en cuestión está impulsada por Esquerra Republicana del País Valencià. La formación que encabeza Josep Barberà defiende en su propuesta la gratuidad de los productos para el periodo. La norma que regula las ILP establece que el Gobierno valenciano tiene la posibilidad de mostrar su criterio favorable o desfavorable a la iniciativa. De hecho, da un plazo de dos semanas para pronunciarse en ese sentido. Ese plazo finalizó el pasado 26 de abril, y hasta Les Corts no ha llegado opinión alguna sobre este asunto.

Que el Consell no se pronuncie sobre la ILP impulsada por la formación que lidera Oriol Junqueras -que precisamente estos días está en la Comunitat- tiene una lectura adicional a la de la mera tramitación de la propuesta. La formación independentista aspira a morder en el electorado de Compromís, una coalición que en ocasiones coquetea con posiciones independentistas -lo hizo Marzà este sábado pasado con su asistencia a la manifestación del 25 d'Abril convocada por ACPV- y en otras pacta con formaciones nacionales -como este pasado lunes con su acuerdo con Mas Pais-. Para los intereses del partido de Mónica Oltra, y también para los del PSPV, que la ILP pase lo más inadvertida posible es un objetivo a lograr.

Y para ello, darle la menor publicidad posible a la propuesta es básico. De ahí, probablemente, el silencio del Consell respecto del contenido de la ILP. Y de ahí, también, la decisión de la Mesa de Les Corts de remitir la iniciativa a la comisión de Sanidad para que sea ese órgano el que reciba a los promotores de la propuesta para la defensa de su iniciativa en una comparecencia.

Que vaya a comisión, y no a pleno, retrata la parsimonia con la que los grupos parlamentarios de Les Corts se han tomado la modificación del reglamento de la Cámara para adaptarlo a lo que dice la ley impulsada hace cinco años por el exportavoz de Podemos Antonio Montiel.

La citada ley prevé, en su artículo 16, que la comisión promotora de una ILP, tras recibir la pertinente admisión de la Cámara y recoger las firmas necesarias –10.000 con la norma actual, 50.000 con la ya derogada– «nombrará una persona para que defienda en el plenario la iniciativa presentada, con el mismo tiempo que el resto de portavoces de los grupos parlamentarios y con turno de réplica». Puerta abierta por tanto para dirigirse a los 99 diputados, exactamente en las mismas condiciones que cualquiera de los portavoces... o no.

La realidad es que, a pesar de lo que dice esa ley, los ciudadanos no pueden dirigirse al pleno de Les Corts. ¿El motivo? El artículo 130 del Reglamento de la Cámara, que es el que regula las proposiciones de ILP, y que establece que tales iniciativas se tramitarán como proposiciones de ley, «con la excepción del trámite de presentación en el pleno, al no existir la posibilidad reglamentaria de comparecencia de los proponentes».

Es decir, la ley de 2017 abre una puerta, la de la comparecencia ante el pleno de una persona que no sea diputada, que el Reglamento de la Cámara cierra, porque no la tiene prevista.

Toda esta anomalía legislativa afecta en la actualidad a las tres ILP en tramitación, y a una cuarta que se sumará en breve. Dos de ellas ya cuentan además con las firmas suficientes como para que sus promotores la defiendan ante el Parlamento: la que defiende la gratuidad de los productos menstruales de la mujer -impulsada por ERPV-, y la defendida por Hablamos Español de libertad de elección de lengua.

De hecho, los promotores de esta última ya han solicitado a la Cámara la paralización del proceso mientras no se aclare exactamente ante qué órgano, pleno o comisión, debe producirse su comparecencia. Los promotores de la ILP sobre la menstruación también han dejado claro que no renuncian a su comparecencia ante el pleno.