![Les Corts: leyes que proponen ciudadanos | Les Corts no sabe cómo tramitar las leyes que le proponen los ciudadanos](https://s1.ppllstatics.com/lasprovincias/www/multimedia/202203/14/media/cortadas/corts-RYxYIB12GvktquG71byhWqJ-1248x770@Las%20Provincias.jpg)
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¿Quiere hablar en Les Corts? ¿Tiene una propuesta que hacerle a los diputados y le gustaría explicársela? ¿Piensa que hay un vacío legal de alguna materia y está interesado en hacer su propia propuesta? ¿Quiere intervenir ante los 99 diputados valencianos? Pues por el momento va a ser que no.
El tema en cuestión se define por lo que se conoce como la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), es decir, la aplicación del precepto estatutario que regula la participación ciudadana en la labor legislativa del Parlamento valenciano. La norma que la regula es una ley aprobada en mayo de 2017, que actualizó y derogó la existente desde 1993.
Y de esta norma de 2017 es de donde proviene el lío. La iniciativa impulsada por el exlíder valenciano de Podemos Antonio Montiel prevé, en su artículo 16, que la comisión promotora de una ILP, tras recibir la pertinente admisión de la Cámara y recoger las firmas necesarias -10.000 con la norma actual, 50.000 con la ya derogada- «nombrará una persona para que defienda en el plenario la iniciativa presentada, con el mismo tiempo que el resto de portavoces de los grupos parlamentarios y con turno de réplica».
Puerta abierta por tanto para dirigirse a los 99 diputados, exactamente en las mismas condiciones que cualquiera de los portavoces... o no. Porque la realidad es que, a pesar de lo que dice esa ley, los ciudadanos no pueden dirigirse al pleno de Les Corts.
¿El motivo? El artículo 130 del Reglamento de la Cámara, que es el que regula las proposiciones de ILP, y que establece que tales iniciativas se tramitarán como proposiciones de ley, «con la excepción del trámite de presentación en el pleno, al no existir la posibilidad reglamentaria de comparecencia de los proponentes».
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Es decir, la ley de 2017 abre una puerta, la de la comparecencia ante el pleno de una persona que no sea diputada, que el Reglamento de la Cámara cierra, porque no la tiene prevista.
Toda esta anomalía legislativa afecta en la actualidad a las tres ILP en tramitación, y a una cuarta que se sumará en breve. Dos ya cuentan además con las firmas suficientes como para que sus promotores la defiendan ante el Parlamento: la que defiende la gratuidad de los productos menstruales de la mujer -impulsada por ERPV-, y la defendida por Hablamos Español de libertad de elección de lengua.
Los promotores de una y otra iniciativa querrían intervenir ante el pleno de Les Corts, pero la realidad es que, por el momento, no va a ser posible. Un informe elaborado por los servicios jurídicos del Parlamento valenciano hace ahora un año ya advertía de esta circunstancia. «Será necesario pues, que la Mesa fije un criterio sobre la armonización de estos dos preceptos», se señala respecto a la ley, que sí permite intervenir ante el pleno, y el Reglamento de la Cámara, que lo rechaza.
Y por ese motivo, Les Corts ha encargado un nuevo informe jurídico. La aprobación de la ley de 2017 debía de haber venido acompañada de un cambio en el Reglamento de la Cámara. De hecho, una de las disposiciones adicionales de la norma fijaba que en el plazo de tres meses desde su aprobación debería de acometerse una adaptación del Reglamento a las previsiones de esa ley.
Los tres meses se cumplieron en agosto de 2017, que es un mes inhábil a efectos parlamentarios. Pero ni septiembre, ni octubre, ni 2018, ni 2019... En marzo de 2022, con la llegada de varias ILP -además de las que ya cuentan con las firmas, una de modificación de la ley del plurilingüismo, impulsada por ERC, y otra del CSIF sobre el enfermero escolar- Les Corts vuelve a tener sobre la mesa la gestión de esas comparecencias.
La Cámara ya ha trasladado a los promotores de la ILP sobre la gratuidad de los productos de la menstruación la contradicción normativa existente. ERPV, la formación que encabeza Josep Barberá, tiene obviamente todo el interés en intervenir ante el pleno.
Está por ver, no obstante, la voluntad de los grupos del tripartito valenciano, con mayoría en la Cámara, por acomodar ese deseo a la realidad normativa. Entre otras razones porque, además, esa primera ILP afectada por esta situación puede dejar en evidencia a alguno de esos grupos.
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