La Inspección alerta del descontrol del Consell en la supervisión de las ayudas

Las subvenciones públicas de la Generalitat no registran el control que los inspectores consideran idóneo y legal. Las ayudas no reciben el seguimiento adecuado, ni desde su tramitación inicial ni, especialmente, en su destino final. Así se deduce de un informe elaborado por la Inspección General de Servicio (IGS) en el que se desvela el descontrol en la fiscalización de las ayudas públicas, que carecen de la trazabilidad más elemental, esa que se exige hasta a una sencilla naranja.

El informe de la IGS, actualmente vinculada a la Conselleria de Justicia que dirige Gabriela Bravo, analiza la existencia de factores que pueden favorecer la aparición de riesgos de ineficiencia en la gestión de las subvenciones, y factores que pueden favorecen riesgos de irregularidades y malas prácticas. El alcance del informe abarca más de 300 subvenciones concedidas por concurso en 2018 por parte de la Administración de la Generalitat y de las entidades de su Sector Público Instrumental (SPI).

El análisis de las ayudas detecta «deficiencias significativas relativas a la existencia de datos incompletos» a la hora de recabar la información por parte de las consellerias, una escasez de datos que propicia que «la información es totalmente inconsistente al observar que el importe total de las subvenciones concedidas es superior al presupuesto inicial de financiación, lo que indica que las modificaciones presupuestarias no se han incorporado al sistema, por lo que resulta imposible determinar el grado de ejecución de la convocatoria». Los inspectores enumeran un amplio catálogo de problemas que registran las aplicaciones mediante las que los funcionarios deben clasificar las subvenciones, tanto en su tramitación inicial como en el seguimiento del gasto.

«Se han detectado incidencias en la obligación de aprobar y ejecutar un Plan de Control en relación con la comprobación material de la efectiva realización de la actividad, la existencia de la condición o la finalidad de la subvención», alerta el informe.

Los inspectores aseguran que «se ha verificado la existencia de diversas situaciones que deberían ser subsanadas, tales como: convocatorias que no disponen de Plan de Control aprobado; algunos Planes de control aprobados no incluyen el contenido mínimo que se exige (en la ley); convocatorias que disponen de Plan de Control», pero las consellerias y entidades no lo ejecutan «por falta de recursos o que lo ejecutan de forma parcial o que el informe de resultados remitido no se ajusta al control establecido en dicho Plan».

Igualmente, la IGS señala que «en algunos casos, el procedimiento de tramitación de subvenciones no tiene implementado la elaboración de informes de ejecución de los Planes de Control aprobados».

La descripción de la situación permite constatar que se está incumpliendo habitualmente la ley, en unos casos por desconocimiento, en otros por falta de medios o, directamente, por negligencia. «En algunas consellerias es una práctica habitual dar subvenciones y no controlar qué hacen con ellas. Hay poco control del retorno y, además, sirven para pagar una infraestructura que no se sabe para qué sirve exactamente», señala un asesor empresarial vinculado al Botánico.

Este mismo informe señala que el 90% de las ayudas públicas se destina a que las empresas paguen sueldos y gastos corrientes, sólo un 10% de las subvenciones tiene como objetivo mejorar la productividad y, de estas últimas, no se ejecutan una cuarta parte.

La IGS indica, además, en su informe que «con carácter general se observa que el tipo de control mayoritario que se incluye en los planes aprobados es de carácter administrativo y con criterios de selección de la muestra aleatorios». Es decir, que las verificaciones de las subvenciones se hacen al azar y que, además, se analiza simplemente la tramitación del papeleo, que estén todos los documentos legales y se haya cumplido con la burocracia habitual. Por todo ello, los inspectores consideran que, «considerando la naturaleza de las ayudas que se conceden y/o la experiencia adquirida por la Administración en convocatorias de ejercicios anteriores (la mayoría de las convocatorias de subvenciones se mantienen cada año), los Planes de Control deberían incluir también verificaciones sobre el terreno y utilizar criterios de riesgo para la selección de la muestra sobre la cual se va a realizar el control».

La Inspección recuerda que no está pidiendo nada extraordinario, ya que esas prácticas de control específico de aquellas subvenciones que se ven sistematicamente aparcadas por no haberse ejecutado son las que se contemplan en la ley. La IGS va más allá y sugiere que la Generalitat estudie «realizar a través de medios propios o externos verificaciones en los trabajos de auditoría» de las subvenciones que, por ahora, no se controla lo suficiente. De este modo, los inspectores abren la puerta a que el autocontrol no sea el único modo de fiscalizar la actuación de la Generalitat en torno a unas subvenciones bajo sospecha tanto por su eficacia real para potenciar el tejido económico y social como a la hora de establecer controles del dinero público invertido.