La Inspección detecta falta de control de la actividad privada de médicos, docentes y funcionarios

En tiempos de volatilidad laboral, contar con un trabajo estable como el de pertenecer a la plantilla de la Administración autonómica tiene sus ventajas. Pero también sus inconvenientes. Esa estabilidad, y las circunstancias específicas de esos empleos, implican una serie de incompatibilidades. La Inspección General de Servicio (IGS) ha elaborado un informe en el que analiza los procedimientos de concesión, seguimiento y control de autorizaciones de compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas en el ámbito de la función pública. Paralelamente a este documento, vinculado con su actividad ordinaria, la IGS acaba de remitir un expediente en virtud de una denuncia ante e la Agencia de Prevención y Lucha Contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat, en la que se hacía referencia a que funcionarios de la Generalitat podrían estar impartiendo clases de manera irregular. Ambos informes del departamento adscrito a la Conselleria de Justicia que dirige Gabriela Bravo terminan coincidiendo en una misma circunstancia: la incapacidad de la Administración en comprobar que su plantilla está cumpliendo con esos inconvenientes propios de ser funcionario.

Respecto a la denuncia presentada ante la Agencia Antifraude, los inspectores consideran que no está probado que se haya producido ningún tipo de incumplimiento. No obstante, dejan claro que existe un problema. «Se considera una debilidad que, con independencia de que pueda no ser necesaria la obtención de una autorización previa para el ejercicio de dicha actividad, no se recoja por parte de la normativa aplicable ningún tipo de obligación para que esta situación sea puesta en conocimiento expreso del órgano competente en materia de personal para su inscripción en el registro de personal o que, como mínimo, sea puesta en conocimiento de la persona que ostente la jefatura inmediata del personal afectado», concluye el informe. Se trata de la constatación de una carencia en la capacidad de control de las incompatibilidades de los funcionarios. Porque hay una laguna legal que impide hacer un seguimiento de esas actividades privadas, así como una carencia de obligación de comunicarlo a los responsables de funcionarios y miembros de las plantillas públicas del sector educativo y sanitario.

El informe ordinario de la IGS ha comprobado los procedimientos de autorización de compatibilidades para el personal empleado público de la Generalitat y los sistemas de control establecidos para evitar que se realice una segunda actividad sin que se haya reconocido la compatibilidad de ese empleo en el sector privado. Los inspectores han verificado los procedimientos en los tres sectores principales de gestión de personal (Sanidad, Educación y Función Pública) para identificar posibles diferencias existentes en los procedimientos desde diversos puntos de vista: legalidad, oportunidad, transparencia y homogeneidad.

Los inspectores reclaman que los datos que se recogen por parte de los diferentes departamentos donde trabajan los funcionarios se conecten con los vinculados a «los distintos registros de personal y que se posibilite la transmisión electrónica de datos, tanto de desde un punto de vista interno (informe departamento donde se desarrolla la actividad principal) como entre las administraciones intervinientes, especialmente, en el caso de las universidades públicas». En definitiva, que la Administración Pública no trabaje de espaldas unos a otros. «Debería disponerse de una herramienta de gestión de los expedientes de compatibilidad», la IGS ha detectado que no se están actualizando convenientemente los datos sobre las autorizaciones que se hallan vigentes, con independencia del momento en el que las mismas han sido concedidas, y el resto de información relevante con la finalidad de facilitar la gestión ordinaria de estos expedientes y los controles.

Desde la Inspección General de Servicios (IGS), se reclama a los órganos competentes de la Generalitat que, «como mejoras relevantes, se debería tener en cuenta la remisión electrónica de datos entre administraciones y la integración entre las distintas bases de datos utilizadas» para registrar las diferentes actividades privadas, o secundarias, de los funcionarios. Los inspectores sugieren «la implementación de un procedimiento telemático específico y la mejora de la publicidad activa llevada a cabo en el portal de Transparencia bajo criterios de mayor facilidad de búsqueda y reutilización», con el objetivo de poder consultar qué está haciendo quién.

Igualmente, el informe recomienda que se mejore «la información disponible para el empleado público en las respectivas páginas web y en el catálogo de trámites y servicios de la Generalitat, incidiendo en aspectos tales como la normativa aplicable, quiénes y en qué casos debe solicitar la compatibilidad, órgano competente para resolver, acceso a los modelos de solicitud, guía de tramitación con ejemplos, identificando el plazo de resolución o el sentido del silencio». De este modo, se pretende que los funcionarios, médicos, enfermeros y docentes sepan qué empleos paralelos pueden realizar dentro del marco legal. Precisamente, en relación a las leyes, la IGS también recuerda que «la publicación de información sobre resoluciones de compatibilidades en el portal de Transparencia de la Generalitat cumple» con la normativa de 2015, si bien «se aprecia cierta falta de homogeneidad en algunos aspectos publicados dependiendo del sector analizado».

Los inspectores recuerdan que la Generalitat está aplicando una normativa estatal con 35 años de antigüedad, por lo que «en la actualidad existe una cierta obsolescencia». Igualmente, se ha detectado una tramitación desigual, por lo, según el informe, «sería conveniente que se constituyese un grupo de trabajo representado por los tres sectores con la finalidad fundamental de impulsar la tramitación y aprobación de una norma reglamentaria propia que clarifique el proceder actual y que fije con mayor detalle todos los trámites del procedimiento a seguir, valorándose la conveniencia de homogeneizar algunas cuestiones, como el plazo máximo para resolver los expedientes, o de modificar algunos trámites»