La Inspección de la Generalitat alerta del caos en la contratación pública del Consell

Contratar con la Generalitat es, en definitiva, una moneda al aire. ¿Exagerado? Esto es lo que señala el informe: «En la actividad contractual de la Generalitat no hay una única manera de realizar los trámites, sino una en cada conselleria».

El informe recuerda que la Generalitat y su sector público instrumental va a inscribir a lo largo de 2019 un total de 28.918 contratos por un importe de 997 millones de euros y que ese volumen se incrementó al año siguiente como consecuencia de la pandemia. Así que, por todo ello, se trata de una «palanca» de actividad económica de interés general, pues afecta a miles de empresas que actúa como contratantes de la Generalitat. Por todo ello, que la contratación se realice de manera precaria no es, precisamente, tranquilizador.

La Inspección reconoce que la normativa de contratación, intrínsecamente compleja, genera «inseguridades jurídicas» y «resta agilidad» en la tramitación en todas sus fases (preparación del contrato, aprobación del expediente y adjudicación). Las incertidumbres aumentan la «litigiosidad». El personal dedicado a esas tareas es «insuficiente» y sus competencias y estabilidad laboral son «inadecuadas». El análisis recalca que se podría hacer más para mejorar la seguridad jurídica.

«Se ha observado una planificación y programación insuficiente de la actividad contractual», indica la IGS, que no tiene evidencias de que se organice el trabajo como corresponde. Las causas: la carga de trabajo, el exceso de movilidad del personal, las instrucciones contradictorias y una falta de visión conjunta de la contratación por carecer de información y coordinación entre las diferentes áreas administrativas.

El informe recalca que, en cuanto a la dotación y capacidad del personal, los servicios de contratación de la Generalitat «no cuentan con un diseño adecuado». La gestión de contratación sólo es una prioridad exclusiva en tres consellerias de la docena de los departamentos del Gobierno valenciano. Tres de doce, una cuarta parte de los servicios de contratación, con cientos de millones pasando por manos de un personal en el que los eventuales son más del 50% de la plantilla. Igualmente, la IGS incide en la baja cualificación del personal y su falta de experiencia, además de que «no existen recursos formativos suficientes».

«Existe un uso desigual por parte de las consellerias de las herramientas tecnológicas» a la hora de contratar, señala el informe, porque la modernización de la gestión carece de responsables funcionales, lo que además propicia una imagen de falta de transparencia en los portales de contratación de la Generalitat. Y, precisamente, en la opacidad de los procesos también se detiene la IGS. Una falta de transparencia hacia fuera y también interna, ya que los inspectores advierten de que no existe una trazabilidad clara. O sea, no se sabe cuánto se tarda en contratar, por qué se paralizan los expedientes en este o aquel departamento y cuáles son los problemas que restan eficiencia en la gestión. En este sentido, el informe recuerda que la fase de preparación de los contratos públicos no está sujeta a términos legales, «el primer cuello de botella detectado».

Desde la IGS, ante tales circunstancias, se elevan una serie de recomendaciones con el fin de mejorar «la organización del nivel directivo y ejercicio de competencias estratégicas». Además, los inspectores instan a incrementar «la planificación y programación de la actividad contractual» desde la fase de la proposición de las licitaciones. Igualmente, el informe reclaman dimensionar, formar y seleccionar a los equipos de gestión de los servicios de contratación, impulsar la informatización de la gestión y revisar los procesos para «suprimir ineficiencias y ajustar los tiempos de tramitación».