Intervención hará un informe sobre los contratos de Castellano a Taroncher

Serafín Castellano, el que fuera delegado del Gobierno y conseller durante varias legislaturas con el Partido Popular, intenta rehacer su vida pese al complicado horizonte judicial que le aguarda. No es extraño verlo por la Ciudad de la Justicia donde ejerce como letrado desde que su carrera política terminara de forma abrupta tras ser detenido por un presunto caso de corrupción. Los problemas de mayor gravedad se encuentran en la Audiencia Nacional -el supuesto amaño de contratos de extinción de incendios a cambio de regalos-, pero también en Valencia arrastra otro asunto que ya supone un auténtico quebradero de cabeza. Se trata de la investigación al empresario José Miguel Pérez Taroncher -falleció una vez iniciada la causa- por las numerosas adjudicaciones que recibió de la Generalitat valenciana. En concreto, de aquellas áreas que dirigía Serafín Castellano.

Ahora, la juez que impulsa las diligencias ha encargado a la Intervención de la Generalitat que elabore un informe sobre todas estas operaciones. Por un lado, se examinará el proceso administrativo que se siguió y si de manera deliberada se fraccionaron contratos para evitar que la prestación saliera a concurso. Pero también se tendrán en cuenta otros aspectos como, por ejemplo, la ingente cantidad de dinero que la empresa recibió de la Administración. Así, la investigación ha permitido acreditar cómo las mercantiles Construcciones Taroncher y Construcciones DV Cuatro (esta última a nombre de sus hijos) «facturaron más de dos millones de euros sin acudir a ninguna licitación pública» entre los años 2007 y 2009. Además, una de las firmas llegó a triplicar su facturación en un corto espacio de tiempo sin que ese incremento se trasladara, por ejemplo, a la contratación de personal. Los expertos también revisarán el procedimiento por el que las firmas de Taroncher recibieron en un tiempo récord el dinero que les adeudaba la Administración.

Cualquier relación de amistad entre un conseller y un proveedor de la administración resulta llamativa. Además de ese vínculo afectivo, en este caso ambos tenían negocios en común. Los matrimonios del político y el empresario compartían patrimonio. El informe de la Intervención puede profundizar sobre este particular, de qué forma el dinero público que recibieron las anteriores mercantiles pudo terminar repercutiendo en el patrimonio del dirigente popular. La Policía Nacional también rastreaba la compra de un apartamento en Dénia por parte del que fuera uno de los pesos pesados del PP en la provincia de Valencia.

Y, por último, la investigación de la UDEF detectó que Taroncher era el socio y administrador único de la sociedad patrimonial, Jopeta Patrimonios. La firma se constituyó con un capital social inicial de 900.000 euros, pero los especialistas de la Policía Nacional detallaron cómo realizó una transferencia de dos millones de euros a una cuenta en Luxemburgo. El origen de ese dinero es desconocido. Los agentes, no obstante, ya advirtieron que la mecánica de esta operación encaja con un hipotético procedimiento de blanqueo.

El empresario falleció en mayo de 2006. El procedimiento se archivó contra él. Aparte de las anteriores irregularidades, se investiga si cargos de los departamentos por los que pasó Castellano, por ejemplo una exdirectiva del Hospital La Fe de Valencia, disfrutaron de obras gratis en sus respectivos domicilios como contraprestación a las adjudicaciones públicas.