Intervención rebaja los 193.000 euros que se reclaman al socio de Francis Puig

Sin embargo, el contenido del dosier también puede beneficiar a Adell Bover, socio de Francis Puig, El empresario arrastra expedientes de reintegro de Canal Maestrat por un importe superior a los 190.000 euros. Estas reclamaciones por vía administrativa se encuentran pendientes de validación judicial.

Sin embargo, el último informe de la Intervención sobre esta mercantil rebaja la cantidad supuestamente recibida de forma irregular en apenas 24.000 euros para todo el periodo de 2015 a 2018.

Al parecer, el problema de esta sociedad reside en que no justificó en los plazos establecidos los correspondientes gastos y por ese motivo les exigen casi la totalidad del reintegro. Ahora, sin embargo, el minucioso análisis de la Intervención rebaja considerablemente el volumen de las cantidades bajo sospecha.

El informe del órgano auditor no deja en buen lugar algunas de las prácticas del conocido como cártel de las productoras. Pero, sin embargo, aleja las presuntas irregularidades de la esfera delictiva.

La cantidad recibida de forma irregular debe superar los 120.000 euros al año para ser delito, y las cifras de la Intervención se quedan a gran distancia de esa barrera. Por ejemplo, el ejercicio con mayores cifras es el 2017, con algo más de 19.000 euros. Parece complicado que con el informe de la Generalitat de Catalunya, todavía pendiente, se pueda llegar a los 120.000 euros.

No es la única pericial que aguarda el juzgado. El instructor y la Fiscalía esperan también un informe de la Guardia Civil respecto a los conceptos y/o la realidad de los servicios facturados. Aquí no se revisará la posibilidad de que esos gastos sean o no subvencionables –tarea que ha hecho la Intervención–.

Fuentes cercanas a los investigados aclararon que las discrepancias anteriores son de carácter técnico y mantienen que debido a esta naturaleza, siempre discutible, no se podría tampoco sostener una acusación de falsedad documental, tal y como se había señalado desde la Fiscalía.

La cantidad de los 67.000 euros recibidos de forma indebida forma parte de un montante de más de 600.000 euros que recibieron las empresas de la supuesta trama en todos los ejercicios analizados. Esto supone alrededor de un 11% de la cifra global.

Las mercantiles de Francis Puig y sus socios fueron sancionadas por Economía por pactar precios para un concurso de corresponsalías de À Punt en lo que posteriormente se bautizó como el cártel de las productoras. Esta multa impedía, además, que se presentaran a nuevas adjudicaciones. Pero esta prohibición todavía no se ha materializado.