La Intervención saca tarjeta a la empresa pública de bomberos: dietas injustificadas y descontrol en el personal

En el informe de auditoría incluido en la Cuenta General de la Generalitat, la Intervención alerta de que la mercantil tiene deficiencias graves en su política de personal, por lo que no ha sido posible valorar si la gestión económico-financiera de las retribuciones llevadas a cabo por la entidad se encuentran dentro de la normativa aplicable. Y es que, por ejemplo, la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Servicios de Emergencia (SGISE), no dispone de masa salarial autorizada por presupuestos. Pero tampoco su personal está sujeto a ningún convenio colectivo ni tiene uno propio. Además, se han realizado contratos temporales sin que hayan sido previamente autorizados por Hacienda. Uno de los apartados más polémicos en este sentido es el del cobro de indemnizaciones por la prestación de servicio percibidas por al menos uno de los empleados de la muestra analizada. El trabajador en cuestión, pasó a cargo de la empresa costes de desplazamientos ordinarios al centro de trabajo y vuelta a su domicilio que, por tanto, no debieron ser retribuidas, por lo que han de ser reintegradas. Lo mismo con algunos de los finiquitos de algunos trabajadores despedidos, que percibieron un importe superior al que legalmente procedía y ahora deberán devolver esa parte. Algo que la entidad dice haber hecho ya. Sobre la gestión de las altas y bajas de personal, la Intervención dice que es «antieconómica e ineficiente» pudiendo ocasionar perjuicios a la Hacienda Pública, al pagarse finiquitos a trabajadores que inmediatamente vuelven a ser contratados después del cobro de esas indemnizaciones.

La política de contratación es otro de los puntos negros de SGISE, que también ha recibido una valoración desfavorable (el peor de los estados) del viceinterventor. En concreto, se ha detectado riesgo elevado de que la empresa fraccione contratos, dada la existencia de hasta cuatro expedientes de contratación directa y siete facturas tramitadas sin expediente con un mismo tercero por el mismo servicio. La suma de estas contrataciones encadenadas, así como de las facturas pagadas sin expediente previo superan el umbral del valor máximo permitido por la ley para adjudicarlos de manera directa. Además, hay contratos sin justificar, otros sin publicar en el portal de transparencia u, otros, sin que conste la solvencia económica de los contratantes o exista explícitamente ausencia de conflicto de intereses entre las partes.

Aunque, la peor parte se la lleva el apartado de encomiendas o encargos a medios propios, una especie de subcontratación a la que acude SGISE, alegando que no cuenta con medios por falta de personal. Alerta Intervención de que las encomiendas a Tragsa se llevan produciendo desde al misma apertura de la empresa pública y prorrogándose hasta la actualidad, por lo que a pesar de que la mercantil se creó en su día para asumir estas funciones, sigue dependiendo de la firma del Ministerio de Agricultura para sofocar los incendios. Una práctica que debería ser puntual y que se ha convertido en habitual.