Un interventor sostiene que la Generalitat pudo obtener más dinero con la privatización de las ITV

En este punto, sin embargo, había un límite que era del 25% sobre el importe de la valoración. Todo dependía de cómo se hubieran valorado los servicios de la ITV, según su precisión. «En el caso de que fueran muy bajos »podría generar una pérdida a la Generalitat«, advirtió. Este criterio era, según el especialista, el más objetivo. Una de las candidatas fue puntuada igual que el resto pese a ofrecer más de ese 25%.

La conclusión de este especialista es que con esa barrera se impidió que la Generalitat pudiera obtener mayores ingresos por externalizar el control de los vehículos. Es decir, que este requisito hacía todavía más atractivo el negocio para los aspirantes.

«Hubo transparencia y no vi nada raro», aclaró, no obstante, a preguntas del letrado de Zaplana. Tamarit dejó su responsabilidad apenas dos horas antes de que comenzara el proceso de la propuesta de adjudicación. El especialista, por otra parte, se mostró sorprendido de acuerdo a su experiencias en estos procedimientos de que Juan Francisco García, el jefe de gabinete del presidente, fuera el presidente de la Mesa de Contratación. «La primera vez que lo he visto». Tampoco la adjudicación iba firmada. Otra circunstancia sospechosa en el proceso.

El experto recordó cómo se hicieron los pliegos. «Tres cosas no me parecían bien». Dos eran la de la Unión Europea y las corrigieron. «Pero la del precio, no». El mayor problema que se planteó era el tema de las puntuaciones, demasiado genéricas, sin profundizar en cada uno de los apartados. «Quería que todo se hiciera individualmente». Por ejemplo, el hecho de que fuera una empresa valenciana no tenía que ser, porque sí, un punto sino que él defendía que hubiera un informe donde se valorara de manera pormenorizada y, por tanto, poder determinar una puntuación intermedia, según explicó a los miembros del tribunal.