Las intrigas de Jorge Rodríguez

El imponente futuro político de Jorge Rodríguez en el socialismo valenciano se derrumbó el 27 de junio del año pasado, cuando agentes de la policía se personaron en su domicilio y le trasladaron detenido hasta la Diputación de Valencia. La operación Alquería investiga por prevaricación y malversación al alcalde de Ontinyent y a sus principales colaboradores en la presidencia de la corporación provincial durante la etapa que ocupó ese cargo. Ese mismo día, el PSPV le suspendió de todos sus cargos. Rodríguez, que había llegado a ser uno de los más destacados dirigentes del socialismo valenciano, acabó renunciando a la presidencia de la Diputación, aunque se hizo fuerte como alcalde de Ontinyent, donde continúa tras impulsar un nuevo partido, La Vall.

La Udef ha entregado esta semana al juez que investiga el caso Alquería el último informe sobre la investigación. El documento, con casi 300 folios, no sólo permite a Anticorrupción apuntalar los indicios existentes contra el exdirigente socialista -al que atribuye supuestos delitos de prevaricación y malversación en el nombramiento de cargos de la empresa de la Diputación Divalterra con contratos de alta dirección-. También ayuda a retratar algunas de las interioridades del día a día de la gestión de Rodríguez en la gestión provincial.

En el iPhone intervenido al expresidente de la Diputación de Valencia, por ejemplo, la policía identifica un grupo de whatsapp formado por cuatro personas -el propio Rodríguez, Manolet, Ricard Gallego y Manuel Reguart-. Es en ese grupo en el que se localiza el documento con los seis puestos de alta dirección, identificados con los 50M en alusión al sueldo de 50.000 euros que percibirían, y la distribución entre PSPV y Compromís. Un boceto de Gobierno paralelo al consejo de administración de Divalterra, con la que el dirigente socialista parecía querer empezar a construir su propia estructura de partido, con cargo al presupuesto público.

Porque a la vista del contenido del informe de la Udef, lo que se desliza es una vinculación entre las decisiones de Rodríguez relacionadas a la empresa provincial y su hoja de ruta en el PSPV -en el momento de su detención el presidente de la Diputación era uno de los principales referentes del partido-.

El informe de la policía identifica el nombramiento de algunos cargos comarcales del partido -de los que en su día informó este diario- como Lucas Ferrando y Víctor Jiménez. Ambos llegan a incorporarse a sus puestos con contratos de alta dirección, aunque uno y otro terminaron abandonando -el primer en unos días, y el segundo a las pocas semanas-. La referencia a ambos aparece en el disco duro del portátil de Reguart -uno de los asesores de Rodríguez detenido en la operación-. «La contratación del anterior alto cargo, se realiza mediante contrato de Alta Dirección de los definidos en el artículo 1.2 del Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, en las condiciones fijadas en dicha norma por el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de Alta Dirección», se señala. En el informe también se localizan algunos de los informes jurídicos encargados por la empresa pública ante la sospecha de que esos nombramientos carecían de encaje legal.

El informe de la Udef incluye una mención al teléfono móvil de Ricard Gallego. En el aparato del que fuera jefe de gabinete de Rodríguez aparece una referencia a un chat formado por tres personas: el propio Gallego, Rodríguez y la exdiputada provincial y actual secretaria autonómica de Economía, Rebeca Torró. La policía concluye que en el mismo no existen conversaciones relacionadas con los hechos investigados. «La mayoría de las conversaciones se basan en la organización del partido (PSPV) a nivel provincial y a nivel autonómico y el apoyo que Jorge Rodríguez pueda dar a Ximo Puig», se aclara. La referencia encaja con el creciente protagonismo político del alcalde de Ontinyent -hasta su detención por la policía-, al que desde muchos ámbitos se consideraba como uno de los más claros aspirantes a suceder a Ximo Puig como líder del PSPV. De hecho, el entorno de Rodríguez deslizó durante las semanas posteriores a la operación policial del 27 de junio del año pasado la existencia de alguna vinculación entre el origen de la investigación judicial y el interés de algunos sectores del partido por frenar el creciente protagonismo político del hasta entonces presidente de la Diputación. Entre las conversaciones que aparecen reproducidas en el informe de la Udef, una de las localizadas en el iPhone de Rodríguez pasa por ser de las más significativas a la hora de revelar el intento de los detenidos por encubrir las operaciones que pretendían llevar a cabo. «Hacer el consejo de administración un día distinto al del pleno, puede tener como ventaja que puede pasar más desapercibido para los medios», señala Reguart.

En otro de los teléfonos móviles, el del que fuera asesor jurídico de Rodríguez, Jorge Cuerda, varios recortes de prensa de este diario con algunas de las informaciones publicadas en relación con la polémica por la intención de Rodríguez de situar a cargos comarcales de su partido en la empresa provincial con contratos de alta dirección. Uno de ellos hace referencia a un informe crítico con los nombramientos elaborado por el propio Cuerda, aunque el informe de la Udef remarca que el propio letrado elaboró otro informe en sentido contrario. La otra imagen hace referencia a la decisión de Divalterra de suprimir los contratos de alta dirección, justo tras conocerse las evidencias de que esos nombramientos eran irregulares.

Agus Brines, cogerente de Divalterra a propuesta de Compromís, explica en una whatsapp -recogido en el informe- que la situación en la firma es «complicada jurídica y políticamente. Estoy muy preocupada, para que la mierda del «pose» (quiere decir PSOE) no nos arrastre a Compromís. Lo conseguiremos!!. Un poco de paciencia por favor». La dirigente nacionalista parece situar en el marco de la discusión orgánica socialista los problemas en la empresa provincial.

La instrucción parece acotada a la contratación de altos directivos, aunque en algún informe, la Udef ha puesto sobre la mesa la posibilidad que desde los sueldos de los altos cargos se financiara a los partidos políticos, en especial Compromís. Esta vía, en realidad, está todavía por explotar. La Fiscalía, desde que se desató la operación policial, se ha mantenido a la expectativa a la espera de que llegaran los informes de la Intervención y los últimos dosieres policiales. Todavía queda un amplio periodo de investigación. Por ejemplo, todavía no han declarado ninguno de los investigados, dedicados ahora a la solicitud de testificales. En algún caso, ya han sufrido el reproche del juez por su falta de argumentación. El PP, que ejerce la acusación popular, todavía no ha tomado la iniciativa. Se mantiene a la expectativa. La demanda de nuevas diligencias puede complicar el futuro de los investigados.

Entre las diligencias solicitadas por la defensa de Jorge Rodríguez en el caso Alquería figuraba la declaración de José Manuel Orengo. El que fuera número tres del PSPV y primer jefe de gabinete del expresidente de la Diputación de Valencia abandonó el cargo apenas seis meses después de haber sido nombrado. Sólo unos días después, Divalterra y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) suscribían un acuerdo que propiciaba la incorporación de Orengo a la entidad dirigida por Rubén Alfaro. El convenio, valorado en 120.000 euros, debía permitir la puesta en marcha de Cical, una entidad que debía convertirse en factoría de conocimiento vinculada a la administración local. Más de tres años y medio después, el convenio entre las dos entidades sigue sin resolverse, la Agencia Antifraude ha abierto una investigación tras detectar irregularidades y la empresa de la corporación provincial no ha satisfecho el pago de dos terceras partes del convenio. En algunos ámbitos se considera que retener los pagos de Cical fue una forma de represalia hacia Orengo, por parte de Rodríguez y sus más colaboradores. La pugna orgánica en el PSPV enfrentó a lo que en su día se denominó como el 'clan de Gandia', con Orengo y el exresponsable de Organización del PSPV, Alfred Boix, a la cabeza, con Rodríguez y algunos de los jóvenes alcaldes socialistas.

Aunque el convenio entre Divalterra y la FVMP tenía una validez de un año, la empresa de la Diputación sólo pagó una factura -por importe de 40.000 euros-. Otras dos quedaron retenidas desde el mes de marzo de ese año y no han llegado a ser abonadas por dudas sobre los justificantes que las sustentan.