La investigación apunta a que la red pagó 10 millones en comisiones

El montante final suma las dos piezas de la operación, la primera que se desarrolló en 2017 y ahora esta, que ha supuesto la detención de Alfonso Grau y del líder socialista Rafa Rubio. El más beneficiado, con cierta diferencia, fue supuestamente José María Corbín. La UCO acreditó en su día una estrecha relación entre el letrado y el empresario Jaume Febrer. Ambos ya se vieron salpicados en la primera fase del dispositivo policial.

Los contactos, al parecer, eran conocidos por la entonces alcaldesa Rita Barberá. En este entramado, según los indicios, el despacho de Corbín se beneficiaría de grandes contratistas del Ayuntamiento de Valencia. Es decir, estas empresas, punteras en sus sectores, pagaban por determinados servicios jurídicos al citado despacho. Pero, una vez terminó el dominio de Barberá en el Consistorio con la derrota electoral de 2015, la facturación del despacho se desplomó. Tal y como explicaron en su día fuentes de otros despachos, una caída de este tipo resulta inexplicable a menos que se tratara de servicios ficticios.

Esa etapa se ha visto completada ahora con el episodio de Alfonso Grau y Rafael Rubio, ambos retratados por las agendas que durante años rellenó Jaime Febrer, empresario dedicado a la compra y venta de suelo más que al sector de la construcción. El exvicealcalde de Valencia sería otro de los grandes favorecidos en la entrega de mordidas. Tal y como publicó LAS PROVINCIAS, se analiza la compra y la gestión de dos propiedades que tienen a nombre de una sociedad, donde sus dos hijas ejercen cargos de representación. Sólo una de ellas ha sido investigada en esta segunda fase. Únicamente por los arrendamientos obtienen cerca de 22.000 euros anuales, según los datos de la mercantil.

Aparte de Grau y Rafael Rubio, se investiga el cobro de mordidas por otros protagonistas. Conviene recordar el dinero movido en otras tramas de corrupción. Por ejemplo, los más de 20 millones de euros desviados en Emarsa o los aproximadamente 15 millones localizados en las diligencias de Erial.

La UCO desplegó un enorme dispositivo el pasado jueves, que se prolongó viernes y sábado. Los agentes siguen trabajando intensamente durante las últimas horas. El primer día de entradas y registro acudieron a determinados emplazamientos con perros especializados en la detección de dinero. Uno de ellos, por ejemplo, fue el chalé del jefe juridico de Divalterra, José Luis Vera. Algo similar a lo que en su día efectuaron en otro chalé, el de Máximo Caturla, consejero delegado de Ciegsa, cuando sospechaban que podía ser uno de los 'tesoreros' de la trama de cobro de mordidas en colegios.

Cs en Les Corts Valencianes reclamó ayer una comisión de investigación en la cámara autonómica sobre el caso Azud. La síndica de la formación 'naranja', Ruth Merino, considera «esencial hacer preguntas, esclarecer todas las dudas y, si es necesario, depurar responsabilidades políticas» por este caso, una presunta trama de cobro de comisiones y después de que «los medios de comunicación hayan apuntado a una posible financiación irregular del PSPV como una de las líneas de investigación que permanecen abiertas».

Para Merino, «este nuevo episodio de presunta corrupción demuestra que con el PSPV y el PP la vieja política siempre vuelve» y ha defendido que los valencianos «no merecen este tipo de políticos que degradan las instituciones». «Ciudadanos siempre luchará y será firme contra la corrupción, sea del tipo que sea y venga del partido que venga», añadió.

El caso no deja de ser un ataque frontal contra el bipartidismo de la primera década de este milenio ya que ambos se han visto salpicados por esta trama. PSPV, sin embargo, anunció esta semana que se personará en la causa. Esto ha causado cierta sorpresa porque por un lado, los socialistas desconocen de qué va el sumario.

Pero, además, la personación no se puede producir en este momento procesal. Compromís, por su parte, también trata de sacar rédito electoral de esta investigación contra la corrupción. Así, el alcalde Joan Ribó presumió de que él ya había denunciado este caso –la supuesta especulación con unos terrenos en el PAI del Grao– sin saber tampoco si esto se incluye en las pesquisas.