Los sindicatos de Antifraude acusan al director de acceder a sus correos sin permiso

Llinares se ha encontrado en apenas una semana que todo el mundo se pone en contra de sus deseos. Un estudio preliminar de una consultora externa para un Plan de Igualdad en la AVAF desveló dos presuntos casos de acoso sexual en el seno del organismo. Eso ha derivado en el intento de Llinares de inhabilitar seis años a dos funcionarias a las que acusa de filtrar datos relativos a la convulsión interna que generó en la Agencia ese informe. El viernes se publicó que UGT estudia llevar a los tribunales lo que considera una caza de brujas por parte de Llinares. El sábado se supo que las magistradas de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ tumbaron la sanción cautelar de Llinares a una de las funcionarias. Y ahora se ha sumado CCOO a las críticas al director de la Agencia a través de un escrito conjunto con UGT donde desvelan una situación ante la cual «nos vemos en la obligación de solicitar el acceso completo a sendos expedientes disciplinarios y de acudir a nuestros servicios jurídicos para instar las acciones judiciales pertinentes en defensa de las trabajadoras afectadas. Estaremos vigilantes de toda actuación futura que se pueda producir en contra del personal de la Agencia».

El comunicado de los sindicatos mayoritarios sobre las maniobras de Llinares en este caso es inquietante. «Nos alarma observar como se ha accedido a la cuenta de correo electrónico habilitada a la representación del personal en el legítimo desarrollo de su actividad sindical, con la finalidad de llevar a cabo la supuesta investigación de los hechos que se le imputan (en este caso a la delegada de personal) y que supone, de facto, vulnerar de manera flagrante la libertad sindical en su vertiente del derecho a la actividad sindical recogida en la Ley Orgánica de Libertad Sindical y que se asemeja, en apariencia, a situaciones vividas en otras épocas».

Ante el expediente disciplinario presentado contra una de las funcionarias a las que se ha rastreado los correos electrónicos, incluso los vinculados a su actividad sindical, algo inaudito, el TSJ ha admitido una denuncia por derechos fundamentales contra la Agencia al considerar una posible violación de la libertad sindical.

Todo nace de un estudio preliminar con el fin de confeccionar el Plan de Igualdad de la Agencia, un proceso que arrancó en febrero de este año y finalizó en mayo. Y acabó con una preocupante sorpresa y datos muy inquietantes. Surgieron dos casos anónimos de acoso sexual entre las empleadas. Se desveló que recibieron correos indeseados de alguien de la plantilla con contenido sexual inapropiado. Además, de la encuesta realizada entre los miembros de la plantilla (no llegan al medio centenar, la mayoría mujeres) se extrajo el dato de que más de la mitad de las funcionarias desconfían de que la propia agencia realizase un trabajo eficaz en potenciales casos de acoso sexual. Como si Llinares quisiera darle la razón a las sospechas de sus funcionarias, la supuesta investigación que anunció a principios de julio el director del organismo de esos supuestos acosos derivó un mes después en sendos expedientes contra otras dos funcionarias, a las que el director de la Agencia les acusa de filtrar datos vinculados al informe que desvela el turbio incidente. Llinares les abre un expediente disciplinario y las acusa de filtrar secretos y correos electrónicos como el de uno de sus directivos, que frente al comunicado de los delegados sindicales de la AVAF exigiendo el esclarecimiento de toda esa situación replicó considerando que se trataba de unas exigencias desafortunadas, incorrectas, injustas y se dedicó a desplegar alabanzas y agradecimientos a Llinares, su jefe.

De la investigación sobre los dos casos de acoso sexual nada se ha comunicado públicamente, más allá de anunciar su inicio a la vez que este periódico dio a conocer la situación interna en la Agencia. De las pesquisas que haya realizado el organismo, pocas conclusiones se han obtenido. Habrá que comprobar si esos mensajes enviados a dos funcionarias (que denunciaron la situación de manera anónima) se han rastreado con tanto celo como Llinares ha empleado con el fin de intentar enterarse de quién filtró ese estudio vinculado al Plan de Igualdad.

«Conocidos por ambos sindicatos firmantes de las motivaciones esgrimidas por dicha agencia para iniciar la tramitación de sendos procedimientos sancionadores, nos vemos en la obligación de comunicarles nuestro profundo malestar ante tales actuaciones carentes de cualquier fundamentación objetiva que debe operar frente a este tipo de procedimientos. Más si cabe aún, en la Agencia Antifraude que debe actuar como adalid frente a actuaciones de todo punto arbitrarias», señala el escrito.

UGT y CCOO señalan que les consta «la tensa situación que esta padeciendo el personal» en Antifraude, «así como las presiones a las que se está viendo sometido. Dichos comportamientos no se pueden tolerar. Máxime, cuando hemos señalado que la Agencia debe ser ejemplo de actuación en todos sus ámbitos, inclusive en materia de personal.

«Sirva a modo de ejemplo de la tirante situación de clima laboral que se vive en la agencia, que de los tres delegados y delegadas de personal elegidos libremente por el personal de la plantilla (en un proceso con un elevado índice de participación), dos de ellas no se encuentren en activo y que además, se han visto obligadas a entablar acciones judiciales en defensa de sus derechos o se encuentran actualmente en fase preparatoria», relatan los sindicatos mayoritarios en relación a la situación que se vive en AVAF.