Un investigado en Imelsa declara que Orengo le pidió que mediara en un pago al suegro de Benavent

Unas sospechosas adjudicaciones en el municipio de Enguera en el marco de otra pieza derivada de la macrocausa de Imelsa salpicaron a Xavier Simó, asesor del expresidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez. Ambos están acusados en el caso Alquería por la contratación ilegal de directivos.

Simó fue imputado porque intervino con una llamada para desbloquear el pago de una factura de 21.000 euros a Servimun, la empresa del famoso call center y donde el suegro de Marcos Benavent, Mariano López, ejercía de comercial. Se trataba de unos trabajos de ampliación de una industria dedicada a productos de panadería. La UCO apunta a que López ha obtenido jugosas comisiones a través de una empresa pantalla, sin trabajadores, en la que figuraba su mujer.

Simó acudió ayer a declarar al juzgado de Instrucción 18 de Valencia, que investiga este asunto. Allí admitió la gestión para que la empresa cobrara, pero añadió que lo hizo siguiendo órdenes de José Manuel Orengo. No parece muy probable que con esta simple declaración, el expolítico sea llamado a declarar. En aquel momento, era el jefe de gabinete de Jorge Rodríguez. El conocido dirigente, muy próximo al presidente Ximo Puig, inició su actividad política en 1995. Llegó al Ayuntamiento de Gandia de la mano de Pepa Frau y fue alcalde entre 2003 y 2011, diputado provincial de 2011 a 2015 y luego se puso a las órdenes de Jorge Rodríguez.

Tras su salida de la corporación provincial se encaminó hacia un laboratorio de ideas centrado en la resolución de problemas municipales y toma de decisiones, el Centro de Investigación para el Conocimiento en la Administración Local (Cical). Fue de la mano de universidades, y, sobre todo, financiado con dinero del Consell -pensaba obtener 400.000 euros-, diputaciones y ayuntamientos. El escándalo propició que en marzo de 2017 Puig se desentendiese del proyecto y Orengo abandonó. De hecho, el PP llevó este asunto a los tribunales por un pago indebido de 40.000 euros por parte de la empresa pública Divalterra. El excargo socialista trabaja ahora en Balearia.

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