El juez acuerda rastrear los correos de Oltra y los otros imputados durante la gestión de la denuncia por abusos

De esta forma, el magistrado rectifica su idea inicial donde negó la práctica de esta diligencia al entender que debía prevalecer el secreto de las comunicaciones. Corrige ahora su criterio tras el recurso planteado por la representación de Cristina Seguí que contó, además, con el informe favorable de la Fiscalía.

El juez, en su resolución, se acoge a los criterios que estableció el ministerio fiscal. El primero, el temporal. Los mails analizados deberán comprender el periodo del 20 de febrero de 2017 hasta el 23 de marzo y desde el 5 de julio hasta el 1 de diciembre de ese mismo año.

La primera fase es la investigación de la denuncia en el centro de menores y en la Conselleria de Igualdad. La segunda abarca la supuesta orden de Oltra del expediente informativo hasta la elaboración del polémico dosier de descargo, ahora criticado por la Justicia.

La segunda de las directrices establecidas por el juez es la material. Los mails tendrán que hacer referencia «explícita» a los hechos denunciados por Teresa Tanco, la víctima de los abusos, y a las actuaciones que se generaron en el ámbito administrativo a raíz de la denuncia de los abusos. La Generalitat era la tutora de la joven que ha estado desde los tres años de edad en centros de protección de menores.

Por último, la tercera de las condiciones es la personal. Las comunicaciones para analizar son aquellas en las que aparezcan los propios investigados. Es decir, que quedarán fuera de la diligencia los correos en los que participen personas ajenas a la investigación.

El requerimiento plantea, a su vez, un problema técnico. Se trata de averiguar si es posible acceder a los correos de la Generalitat casi cinco años después de que se produjeran las comunicaciones. Además, del auto se desprende que los correos intervenidos serán aquellos que se enviaran desde la propia dirección corporativa de los investigados.

El juez ordena que la averiguación deberá llevarse a cabo por Grupo de Policía Judicial que se estime más idóneo por Jefe Superior de Policía y en un plazo de 30 días. Este periodo únicamente podrá ser prorrogado si justificadamente no pudiera atenderse en dicho plazo el cumplimiento de lo ordenado.

Las acusaciones consideran que el rastreo de los correos puede ser determinante a la hora de desenmascarar ese supuesto plan oculto de Oltra y otros responsables por esconder los hechos y proteger así la reputación de la conselleria. El juez en su escrito adelanta que ese resultado puede suponer también un descargo para los investigados. En cualquier caso se antoja como una de las pesquisas clave del asunto.

La investigación se ha prorrogado esta semana otros seis meses pese al criterio de la vicepresidenta que alegaba que no se podían extender las pesquisas al haberse agotado los plazos. Esto arruina las posibilidades -escasas– de Oltra de ser cabeza de cartel de Compromís.