Un juez de Alicante amenaza a Puig con una multa por la dejadez de la Administración

El titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante, José María Magán, vuelve a ser noticia. El magistrado, irritado ante la falta de respuesta de la Conselleria de Sanidad, amenaza al presidente Ximo Puig con multarle con 150 euros, una cantidad a la que debería hacer frente con su propio patrimonio.

Una despedida poco agradable para el máximo responsable de la Generalitat. No es la primera ocasión en la que el conocido magistrado –ha sido víctima de ataques del Botánico por su exigencia de que se tradujeran los textos del catalán al castellano– adopta medidas de cierta polémica. Su perfil encajaría sin demasiados problemas en la Conselleria de Justicia ahora que ha quedado en mano de Vox.

El magistrado, en una resolución a la que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS, se muestra enojado por la falta de respuesta de la Conselleria de Sanidad a un requerimiento del citado órgano. El juzgado acordó en su día el reconocimiento de la carrera profesional a un funcionario del departamento. Pero faltaban por abonar los intereses, algo más de 1.000 euros, según recoge el auto del juzgado donde se expone la intención del juez de multar al propio Puig.

El primer aviso del órgano a la Conselleria para el pago de los intereses se produjo en febrero de 2022, según la resolución. Las cantidades seguían sin satisfacerse. En mayo de ese mismo año se repitió la operación, con una nueva advertencia al departamento autonómico. La inacción o dejadez de la Conselleria de Sanidad -se ignora el motivo de la demora- se mantenía en octubre de ese año, cuando se decidió comunicar de nuevo a la Generalitat.

Se trataba del tercer aviso. Este requerimiento, sin embargo, incorporaba algunas novedades. Por ejemplo, se advertía de los apercibimientos que podía activar el juzgado. De igual modo, en ese mismo escrito, se solicitó a la Generalitat que se «identificara a las autoridades políticas o funcionarios responsables de dar cumplimiento a la sentencia». Pero desde la Conselleria de Sanidad mantuvieron «la callada por respuesta». Tal y como lamenta el juez, la petición «pura y simplemente ha sido desobedecida por la Administración».

El juez recuerda que el TSJ ya anuló una multa de similar naturaleza al presidente Puig por no haber sido advertido previamente del riesgo que corría ante los incumplimientos de la Administración. Por eso ahora ha modificado su estrategia. El magistrado acaba de requerir por cuarta «y última vez» a la conselleria. A continuación, añade la amenaza de la multa. Para ello pide que se identifique con nombre y DNI a los cargos o funcionarios responsables de la tramitación del pago de los intereses.

En caso de no recibir respuesta sobre los supuestos responsables, la sanción se le impondrá directamente al presidente «por ser el máximo responsable de la Administración ejecutada». La primera multa será de 150 euros; las siguientes ascenderá al doble de la cantidad anterior hasta alcanzar el máximo de 1.500 euros. De hecho, el juez se ha encargado de que la resolución se notifique personalmente al secretario general de los socialistas.

José María Magán no ha tenido una carrera pacífica. Hace más de una década denunció una persecución de la Generalitat de Cataluña por sus sentencias contrarias a la predominancia del catalán frente al castellano. El Poder Judicial incluso le sancionó por algunas de las expresiones de sus fallos.

Durante su etapa en Alicante también ha tenido encontronazos con la Generalitat por no aceptar escritos en valenciano en su juzgado. De hecho, un alto cargo del departamento de Justicia pidió que se abriera un expediente tras la decisión del magistrado. El TSJ archivó las diligencias.

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