El juez amplía la investigación de las firmas de Francis Puig con los contratos de Morella

La investigación al entramado empresarial de Francis Puig y sus socios amenaza con convertirse en una macrocausa por el volumen que alcanzarán las actuaciones. El juez acaba de ordenar al Ayuntamiento de Morella que envíe al procedimiento que se sigue en Instrucción 4 de Valencia todos los contratos que durante seis años recibieron las empresas de esta supuesta trama de captación ilegal de subvenciones. El Consistorio deberá ahora remitir todas las ayudas a favor de las mercantiles entre 2015 y 2019 (primera etapa del Botánico). Estas aportaciones pueden tramitarse a través de subvenciones o bien por el pago de algún servicio.

El juez, en un primer momento, se opuso. Pero tras el informe de Anticorrupción que avalaba la petición del PP, que ejerce la acusación popular, ha rectificado. Las empresas en el punto de mira de la Fiscalía son las habituales en esta red: Comunicació dels Ports, Mas Mut, Kriol Comunicaciones y Canal Maestrat.Las dos primeras, de Francis Puig. Las otras dos mercantiles, corresponde a sus socios.

Más allá de la legalidad de los contratos, lo realmente importante para estas pesquisas es cuantificar la cantidad de dinero que recibieron las empresas de la trama y si este aporte económico llegó a superar los 120.000 euros con independencia de que procedan de administraciones diferentes. De ahí la insistencia por parte de los populares para que se incorpore toda esa documentación.

El juez considera ahora procedente añadir este material «por si se produjo algún tipo de engaño en la solicitud de subvenciones siendo relevante para averiguar si recibió dichos ingresos, teniendo en cuenta que su existencia puede incrementar la cuantía defraudada en las subvenciones para el fomento del valenciano». Por tanto, la diligencia solicitada «no puede considerarse ni inútil ni perjudicial», concluye ahora el magistrado.

En cambio, el instructor no modifica su criterio respecto al ya famoso expediente de la Conselleria de Economía donde se multa a las empresas del cartel por tratar de pactar precios para un concurso en À Punt, una práctica que la propia cadena detectó y denunció.

Tanto el PP como Anticorrupción ven procedente que se añada a la investigación en curso. La Fiscalía mantiene que es un indicio más de las especiales relaciones que mantenían los empresarios, es decir, «el grado de connivencia o relación profesional habida entre los responsables de las empresas investigadas».

No se trata de ampliar las pesquisas a un caso que ya ha recibido su correspondiente sanción administrativa sino apuntalar las sospechas de que todas las empresas actuaban bajo una única dirección de mando. En ese expediente, además, se recoge cómo la trama trataba de sortear los obstáculos de la Administración a la hora de conceder las subvenciones. Pero el juez insiste en que no es oportuno contar con ese dosier. Básicamente porque «los hechos nada tienen que ver con los que son objeto de investigación; de ahí que se considere una prueba inútil o innecesaria». Añade el instructor que no se discute en esta causa la relación personal entre los investigados, en respuesta a la Fiscalía Anticorrupción.

La decisión no es firme. El PP y la Fiscalía Anticorrupción pueden acudir a la Audiencia para que el tribunal ordene que se incorpore el expediente. Tal y como informó LAS PROVINCIAS, el informe elaborado por Competencia incluía la transcripción de significativos mensajes entre los empresarios. Unas conversaciones que certifican, como indica el propio dosier, que tenían acceso a la información del concurso de À Punt antes de que fuera colgado en la plataforma de contratación del Estado y en el de la televisión pública. Francis Puig y sus socios, según se desprende de la documentación, gozaban de información privilegiada para optar con ventaja al concurso.

Las sanciones resultaron importantes. A Comunicacions dels Ports, empresa matriz del hermano de Ximo Puig, se le impuso una sanción de 16.801 euros, mientras que a Canal Maestrat y Kriol, las dos productoras de los Adell Bover, la sanción suma 26.103 euros. La última firma castigada es Visualiza, con 3.337 euros. Las cuatro forman el conocido como cártel de las productoras.