El juez amplía seis meses la investigación judicial a Francis Puig por posible malversación

El juez ha estimado para conceder la prorroga de seis meses que las dilaciones no son imputables a su actuación y que existen dificultades para incorporar a la causa material probatorio para la investigación, ya que hay diligencias que no se han podido realizar y que son importantes para esclarecer los hechos investigados.

Entre las actuaciones pendientes están los informes de la Intervención de la Generalitat, por lo que el magistrado considera que es pertinente alargar el proceso, tal y como había pedido el ministerio fiscal, que también ha solicitado la práctica de un nuevo informe de la Guardia Civil en el que se analicen si las facturas que aportaron las empresas de Francis Puig (Comunicació dels Ports y Mas Mut) y las de su socio, los hermanos Adell Bover (Canal Maestrat), responden a servicios reales o se trata de documentación falsa que sólo persigue lograr un soporte documental para justificar subvenciones. Francis Puig y los hermanos Adell Bover forman lo que se ha conocido como el cartel de las productoras, que ya fueron sancionados con 43.000 euros por pactar precios en un concurso de À Punt y sigue pendiente la resolución sobre la prohibición de contratar con la administración pública.

La petición de prórroga del ministerio fiscal se argumentaba en la «complejidad» de algunas de las diligencias. En algunos supuestos se pide la comprobación de los albaranes y los pagos. En otros casos, como la Sepi, se trata de averiguar si existe un contrato que justifique la facturación. En la facturación aportada hay albaranes que se presentaron para justificar la ayuda de varias administraciones. Las empresas de Francis Puig recibieron ayudas para impulsar la lengua de la Comunitat Valenciana, Cataluña y Aragón y, según se ha podido comprobar, algunas facturas con la misma fecha se han utilizado para justificar el dinero recibido de los tres territorios.

La fiscal ha solicitado que se compruebe la existencia de los citados proveedores. La acusación pública ha elaborado un amplio listado de proveedores y facturas bajo sospecha. Las peticiones sobrepasan el medio centenar de encargos a los agentes de la Guardia Civil. El dossier implica una gran carga de trabajo y como el expediente no se va a poder completar en pocas semanas se el juez ha optado por ampliar medio año la investigación.

Todavía queda pendiente conocer un informe de la Intervención de la Generalitat respecto a los procedimientos de reintegro iniciados, al menos siete, contra una de las mercantiles bajo sospecha. La Fiscalía reclama también la declaración de cuatro trabajadores de Mas Mut para que acrediten la ubicación de la mercantil debido a las dudas aparecidas durante la instrucción. En caso de ser citados lo harían como testigos. Esa circunstancia implica que cualquier omisión de la verdad puede tener consecuencias penales para ellos.

Juan Enrique Adell Bover y Francis Puig ya han declarado como imputados en el juzgado que investiga los hechos. Tras una comparecencia algo caótica en la que no pudieron explicar de manera convincente algunos de los gastos que pasaban a subvencionar se comprometieron a aportar toda esa información en el juzgado, un trámite que, al parecer, todavía no han completado y que es necesario.