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El juzgado de Instrucción número 1 de Valencia emitió ayer un auto de sobreseimiento de las diligencias abiertas con motivo de la querella presentada por el PP en la que Xavier Rius, portavoz de Compromís en la Diputación de Valencia, estaba investigado por supuesta prevaricación ... y falsedad documental en la adjudicación de una serie de catálogos para el MuVIM, el principal museo de la corporación provincial.
El auto, al que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS, se realiza apenas 48 horas después de que Rius y los dos impresores relacionados con los catálogos prestasen declaración ante el juzgado, tal y como adelantó este periódico. El juez indica su escrito de sobreseimiento que «no aparece indicio alguno de delito».
«Resultará inútil continuar estas diligencias previas si no existen razones sólidas que lo justifiquen. El modelo procesal incluye varios filtros de la solidez y seriedad de la imputación y de las acusaciones. Procede decidir el sobreseimiento, archivo, de estas diligencias y no es preciso practicar más diligencias cuando no se suscita duda alguna sobre la procedencia del sobreseimiento. Si no hay indicios racionales ha de procederse» al archivo, indica el responsable de la investigación.
Xavier Rius declaró el pasado miércoles ante el juzgado de Instrucción 1 de Valencia en calidad de investigado en una querella presentada por el PP a causa del modo en que el MuVIM, principal museo de la Diputación de Valencia, gestionó la realización de los catálogos de una de las exposiciones con las que arrancó la legislatura.
Las adjudicaciones fueron firmadas por el entonces presidente de la Diputación, el socialista Jorge Rodríguez, en julio de 2016. Rius precisó ante el juez que en los meses durante los cuales se realizó la adjudicación, el verano de 2016, la disposición económica en Cultura estaba derivada a Presidencia, lo que explica que los decretos de los catálogos de la querella estén firmados por Rodríguez, pues la libertad de movimientos para Rius era en el caso de encargos menores a 5.000 euros.
En el caso de los dos catálogos, el encargo, decidido sin concurso público, se tramitó por un valor situado en el límite que entonces estaba establecido para los contratos menores, 18.000 euros. Se encargaron a dos empresas que eran del mismo administrador, también imputado y que el miércoles reconoció ante el juez estar vinculado con las dos firmas beneficiadas por la contratación. Es cierto que la adjudicación y el pago los firmó Rodríguez. Tan cierto como que la propuesta de decreto donde se proponía a quién encargar la impresión los rubricaba Rius, que ante el juez señaló que, como ocurre en otros casos, fueron los técnicos los que elaboraron la documentación.
El expresidente Rodríguez aprobó en julio de 2016 la realización del mismo catálogo de la exposición en dos tiradas distintas, una en tapa blanda y otra en tapa dura. Son dos adjudicaciones por el mismo valor, 17.300 euros sin IVA, contratos menores encargados a dos imprentas (Martin Impresores y Campgráfic), con el mismo administrador único, José Luis Martín, y rubricadas a través de sendos decretos publicados con tan sólo tres días de diferencia: 5 y 8 de julio de 2016.
Fuentes del PP señalaron ayer que recurrirán el sobreseimiento de la querella contra Rius y que pedirán que se pongan en marcha nuevas diligencias al margen de las declaraciones de los investigados, al considerar que se ha tomado la decisión en base principalmente a sus comparecencias.
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