La juez de Azud designa a la Universitat para un informe sobre la trama de los colegios

El derecho sobre estos solares se había conseguido al asumir los empresarios una deuda del Ayuntamiento con una decena de órdenes religiosas que por un cambio en la normativa vieron limitada la ampliación o construcción de centros educativos. La tesis de la instructora es que se abonó un precio inferior al de mercado, lo que causó un perjuicio de más de 14 millones de euros al Ayuntamiento.

Ahora, la jueza ha encargado un informe pericial de toda esta operativa a la Cátedra Deblanc. No ha sido habitual recurrir a estos expertos en otras causas de corrupción. Se opta por la Intervención o incluso por Antifraude.

La entidad, dependiente de la Universitat de Valencia, es producto de un convenio de colaboración entre la Conselleria de Justicia y la Fiscalía General del Estado. Por un lado, entre sus objetivos, figura asistir técnicamente a jueces y fiscales de la Comunitat «en la lucha contra los delitos económicos y el blanqueo de capitales». Además, persiguen también una labor formativa y divulgativa para incrementar el nivel de formación de los expertos judiciales.

La cátedra se encarga de aplicar metodologías estadísticas, económicas y de aprendizaje automático para la detección de delitos financieros y de blanqueo de capitales. El cometido encargado por la jueza consiste en que elaboren un informe de cómo se procedió a la venta de esas parcelas y de qué forma eso se registró en la contabilidad del Ayuntamiento.

Esta operación se desarrolló en la etapa de Rita Barberá en el Consistorio. La investigación, siempre de manera indiciaria, ha permitido involucrar en esta mecánica a los principales investigados en el caso Azud. Por un lado, los populares. El vicealcalde Alfonso Grau y el cuñado de Barberá, José María Corbín, el letrado que cobró comisiones por adjudicaciones del Ayuntamiento y de empresarios con intereses municipales, siempre según la UCO. Determinada documentación apunta a que la mano derecha de la alcaldesa pudo recibir más de un millón de euros de este negocio.

Pero también en este sumario se han visto implicados destacados dirigentes del PSPV, como Rafa Rubio, el que durante años fue la cabeza visible del partido en la ciudad y el ideólogo del urbanismo local. Fue detenido cuando era subdelegado del Gobierno en Valencia. Anticorrupción sostiene que cobró 300.000 euros de comisión con tal de silenciar la operación y que no se convirtiera en polémica en los medios. La mediación supuestamente se habría producido a través de José Luis Vera, abogado con poderosos vínculos con el PSPV.