La juez de Azud investiga si Rubio utilizó el sistema del pitufeo para blanquear su comisión

Se da la circunstancia que se trata del mismo sistema que años después supuestamente emplearía el PP de Valencia durante la campaña electoral de 2015 para 'limpiar' unos 50.000 euros de la supuesta caja B de los populares. En el caso de Rubio, el hombre que dirigió la política urbanística del PSPV en el Ayuntamiento durante cerca de una década, se analiza si se realizaron ingresos periódicos en la cuenta del entonces dirigente del PSPV.

El pitufeo consiste en fraccionar una importante cantidad de dinero en diferentes transacciones para evitar alertas en los sistemas de vigilancia bancaria. Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) han detectado transferencias o ingresos que encajarían supuestamente en esta dinámica delictiva para reintegrar un dinero delictivo en el flujo legal. El exlíder de los socialistas valencianos no habría solicitado la colaboración de otras personas –tal y como se analiza en el caso del PP de Valencia– sino que el pitufeo se configuraría por la repetición de movimientos sospechosos.

Tampoco se concentrarían en un periodo concreto, como ocurrió en el asunto de los populares que se investiga en Instrucción 18, sino que se dilatarían más en el tiempo. Se desconoce el grado exacto de participación o conocimiento que tenía la mujer de Rubio en esta práctica, pero también ella figura entre los investigados. La esposa acudió en su día a declarar a la Comandancia de la Guardia Civil de Patraix.

Rubio, una vez apartado de la Delegación de Gobierno, ha solicitado su regreso a la plaza como geógrafo en el Ayuntamiento de Valencia. Lógicamente no podrá incorporarse hasta que se decrete su salida de la penitenciaría. Pero, de momento, percibirá 23.493 euros anuales. El funcionario, adscrito al servicio de Devesa-Albufera, tiene derecho a cobrar su sueldo base más los complementos por hijos. Evidentemente, no podrá volver a su puesto hasta que salga en libertad. Pero, de esta forma recupera una fuente de ingresos en un momento de debilidad financiera.

La investigación judicial continúa en el juzgado de Instrucción 13 de Valencia, que tramita estas diligencias desde hace más de dos años y que todavía hoy mantiene en secreto a la espera de que la UCO termine sus últimos informes. Quizá esta circunstancia sea determinante también para el futuro de los cabecillas de la red, que continúan en prisión desde hace un mes.

El pasado viernes, la Audiencia de Valencia celebró las vistas para decidir sobre los recursos a los autos de ingreso en prisión del exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau y la empresaria Mónica Montoro. La instructora había decretado su ingreso en prisión por el riesgo de destrucción de pruebas.

El caso Azud presenta una singularidad respecto a otras investigaciones por corrupción: aglutina a cargos de los principales partidos. Grau, en el gobierno delos populares en el Ayuntamiento y Rubio, como líder del PSPV en la oposición. No suele ser frecuente esta mezcolanza. El corruptor, según las pesquisas, sería el empresario Jaime Febrer, que arrastra un largo historial judicial por fraudes fiscales. De momento, en todos, ha resultado absuelto.