El expresidente de la CHJ, investigado en la pieza secreta de la financiación del PSPV

La instructora acuerda en un auto poner fin al secreto. Y cita a todos los investigados en esta causa para que conozcan los detalles de la investigación que hasta el momento sólo conocían la juez y el fiscal Anticorrupción. La pieza separada cuenta con nueve personas imputadas.

Uno de los investigados más relevantes es Juan José Moragues, expresidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, pareja de Pepa Frau, la que fuera histórica alcaldesa de Gandia. La exedil se sitúa como persona próxima a Joan Lerma y Ximo Puig, aunque lleva años alejada de la primera línea política.

Destacan también los empresarios, Javier Lujan y Enrique Gimeno, vinculados supuestamente con el pago de comisiones por adjudicaciones de obras en el trasvase Júcar-Vinalopó, actuaciones bajo sospecha de unos 36 millones de euros.

Además, en esta pieza separada aparece también investigado José Luis Vera, el abogado y exmagistrado con vínculos con el PSPV que supuestamente colaboraba con el empresario Jaime Febrer en los diferentes negocios del supuesto cabecilla del caso Azud.

Otro de los nombres que brilla con luz propia es José María Marugan, consejero delegado de la empresa Aguas del Júcar SA y persona próxima a Joan Ignasi Pla, exsecretario general de los socialistas.

Hay dos asuntos clave en toda la trama de Azud, hoy por hoy inabarcable. Las sospechas se concentran en el Ayuntamiento de Valencia y tienen como protagonistas destacados al excuñado de Rita Barberá, José María Corbín y al empresario Jaime Febrer.

Por un lado, la trama conocida como los colegios. El pago de una deuda del Ayuntamiento a las congregaciones religiosas a cambio de varias parcelas para edificar en la ciudad de Valencia. El cabecilla de Azud asumió el pago de esa cantidad a las instituciones a cambio de varias parcelas para la construcción de viviendas. Los peritos calculan un perjuicio de cerca de 14 millones de euros.

Y, por otro, el contrato de las alcantarillas de la ciudad de Valencia, un negocio de más de 120 millones de euros para Acciona, aparte de las facturaciones por el mantenimiento, del que se sospecha que el cuñado de Barberá, el letrado José María Corbín, llegó a cobrar dos millones de euros por una supuesta intermediación.

La macrocausa de Azud cuenta con otras cinco piezas separadas al margen de lo conocido hasta la fecha. Una de ellas es la que se ha levantado ayer, con un volumen aproximado de 50 GB, que afectaría a las finanzas del PSPV por la directa implicación de Cataluña y porque parte del material que le decomisaron en su vivienda. Sobre el resto de actuaciones se mantiene el secreto porque se siguen realizando indagaciones cuya publicidad y conocimiento por los afectados podría arruinar las pesquisas.