La juez de Azud mantiene el secreto del material digital sobre la financiación ilegal del PSPV

El final de esta fase resulta incierto. De hecho, la juez acaba de prorrogar un mes más el carácter reservado de estas indagaciones. La instructora considera que se están llevando a cabo diligencias de investigación esenciales cuya publicidad perjudicaría de forma muy grave el buen fin de la investigación. Añade que, de conocerse estas actuaciones, los investigados pueden destruir información que comprometería el final exitoso de las pesquisas.

La titular de Instrucción 13 aprovecha el auto para aclarar que este secreto comenzó en mayo de 2020 y, por tanto, no se arrastra desde el inicio de la instrucción. Recuerda que en esta causa se analiza la posible comisión de delitos de cohecho, prevaricación y blanqueo de capitales.

El secreto afecta a numerosas piezas separadas, desde la dos a la seis. De igual modo, se mantiene bajo máxima reserva algunas actuaciones de la pieza principal que no se facilitaron cuando se levantó el secreto y se conocieron las principales imputaciones contra el cuñado de Barberá, José María Corbín; el empresario Jaime Febrer, el vicealcalde Alfonso Grau y el exdelegado del Gobierno socialista, Rafa Rubio, entre otros.

Pero también se mantiene en secreto el material digital incautado en los registros efectuados en el año 2022 relativos a la pieza 7 acumulada a la causa principal el pasado marzo. Es en esta pieza donde se investiga la supuesta financiación ilegal del PSPV valenciano en las campañas de 2007 y 2008.

La instructora acordó en su momento una pieza separada para rastrear determinadas irregularidades, pero ahora concluye que las actuaciones están relacionadas con el PAI del Espartal, aspecto que ya se analizaba con anterioridad. Se tratarían de acciones impulsadas supuestamente por el grupo Axis, el conglomerado empresarial del presunto cabecilla Jaime Febrer.

Otra de las cuestiones analizadas en esta pieza, la número 7 de las diligencias, eran las actuaciones de la mercantil Construcciones Luján y la de Acciona respecto de la adjudicación, en el año 2007, del tramo de obra, reseñado con la letra E, de las obras del trasvase Júcar-Vinalopó. Pero esto estaría conectado, en líneas generales, con el supuesto amaño del contrato de la limpieza de la ciudad de Valencia, razona la magistrada.

Pero en esta pieza separada también se incluían los pagos de actos electorales por parte de empresarios, especialmente productos promocionales. Dos son los principales personajes señalados por parte del PSPV. El primero, Pepe Cataluña, exjefe de las finanzas del partido y un histórico de la formación. Hombre de confianza de Joan Lerma y Joan Ignasi Pla. La UCO sostiene en su informe que se embolsó un millón de euros para el partido. José Luis Vera, abogado con poderosos vínculos con el PSPV, se llevó otro millón, siempre según los informes policiales.