La juez de Azud prorroga un mes más el secreto sobre la investigación de la financiación del PSPV

Recientemente, en el marco de esa investigación, se procedió a la detención de varios empresarios y el registro de sedes empresariales y viviendas particulares. Una de las vías de las pesquisas es el análisis de un supuesto cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de obras públicas. En concreto, el dinero, siempre supuestamente, iría a parar a una caja B de los socialistas valencianos. Uno de los contratos investigados es precisamente una obra del trasvase Júcar-Vinalopó.

La autoridad judicial mantiene estas pesquisas bajo secreto. Las diligencias cuentan con varios imputados y al menos una veintena de testigos. La prórroga es por un mes, aunque no es obligatorio que se agote el plazo. En su momento, practicada la operación policial, las informaciones apuntaban a un rápido levantamiento de este medida excepcional que pesa sobre el sumario. Aparte de la existencia de cinco piezas separadas, también hay una parte de la pieza principal que se mantiene bajo secreto.

El caso Azud tiene dos grandes vertientes. En la primera fase, se arrestó al cuñado de la alcaldesa Rita Barberá, José María Corbín y a diferentes empresarios. En el segundo dispositivo policial, se detuvo a Alfonso Grau, exvicealcalde de Valencia y al socialista Rafa Rubio, exsubdelegado de Valencia.

Este último arresto fue consecuencia directa de las averiguaciones de la agenda del supuesto cabecilla Jaime Febrer, circunstancia que resultó determinante para apuntalar los indicios de los investigadores. También en ese dietario aparecían las reuniones con Pepe Cataluña y algún que otro destacado abogado con vínculos con el PSPV, como José Luis Vera, hoy de moda por ser uno de los testigos principales del caso Alquería.