La juez de Azud reactiva el caso con la citación de Pepe Cataluña, el histórico financiero del PSPV

La última operación policial que se saldó con varios empresarios imputados por el amaño de obras a cambio de comisiones parte de la documentación que se halló en el registro del domicilio del destacado socialista.

Una de las vías de las pesquisas es el análisis de un supuesto cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de obras públicas. En concreto, el dinero, siempre supuestamente, iría a parar a una caja B de los socialistas valencianos. Uno de los contratos investigados es precisamente una obra del trasvase Júcar-Vinalopó. Unos papeles apuntaban al reparto de comisiones por esa actuación. Esta causa se mantiene bajo secreto de sumario. Y, al parecer, sigue en esa situación de excepcionalidad.

La citación de Cataluña se corresponde con su implicación en la pieza principal de esta macrocausa donde se le decomisó el material incriminatorio. Pero evidentemente se le puede interrogar por el material requisado que quería que se destruyera, según adelantó en un escrito al juzgado.

La magistrada también ha llamado a declarar al resto de investigados a partir del día 13 de diciembre. Entre ellos, destacan algunos cargos salpicado en la operación de los colegios, como el responsable de Cáritas en Tarragona, Salvador Grané.

De igual modo, la encargada de las diligencias ha citado a Joan Navarro Martínez, encargado de las relaciones institucionales de Acuamed por su relación con las operaciones en el PAI del Espartal en Xixona. Un negocio del supuesto cabecilla de Azud, Jaime Febrer. Otras citaciones, cercanas a la empresa Secopsa, están relacionadas con dinero en efectivo en diferentes cajas de seguridad.

La causa afecta a dirigentes del PSPV, como el exdelegado del Gobierno, Rafa Rubio, y del PP, como Alfonso Grau y el cuñado de Barberá, José María Corbín, por el cobro de generosas comisiones.