La juez de Azud se resiste a dar carpetazo a la investigación de la caja B del PSPV

Y esta decisión se produce pese al criterio de la Audiencia. La Sala ha archivado una situación prácticamente idéntica al empresario Francisco Luján porque los hechos estaban prescritos. Su empresa también abonó más de 120.000 euros de la campaña del PSPV a la empresa Cronosport. Ninguna de las mercantiles, no obstante, eran clientes de la citada sociedad dedicada a la elaboración de productos comerciales.

La juez, en un breve auto en el que asume la tesis de la Fiscalía Anticorrupción, se esfuerza en marcar diferencias entre ambos supuestos. Por un lado, precisa que la relación de Luján era con obras relativas a la adjudicación del tramo E del trasvase Júcar-Vinalopó. Es decir, tal y como sostiene la Fiscalía, el empresario habría aceptado asumir gastos del partido socialista a cambio de resultar beneficiados en las adjudicaciones anteriores.

En cambio, la relación de Gimeno corresponde con las empresas Sitra y Facsa y los supuestos pagos, en cambio, estarían vinculados a contratos en la desaladora de Moncofa, según recoge un auto al que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS.

La juez añade que se está «investigando si estas empresas y el investigado pudieron continuar su relación y la comisión de diversos hechos delictivos más allá de los antedichos y relativos a los años 2008, 2007 y anteriores. Es precisamente este el periodo que la Audiencia ha dado ya por prescrito. La instructora también aprovecha para destacar la especial relación que parece unir a Gimeno con Cataluña y que estaría relacionada «con diferentes gastos de campaña electoral del PSPV-PSOE, que en definitiva habría asumido el Grupo Gimeno, y que hoy continúan investigándose en cuanto a su extensión no solo material sino temporal».

La juez, en resumen, considera que un sobreseimiento en este momento procesal resultaría prematuro, pero no descarta hacerlo si las pesquisas no prosperan hacia un relato incriminatorio. El periodo bajo sospecha en las cuentas del PSPV son los comicios de 2006 y 2007, etapa que coincide con la financiación ilegal del PP que ya han condenado los tribunales.

La más reciente de estas sentencias fue la derivada del juicio a Alfonso Grau en la Audiencia de Valencia. Se trata del mismo método que durante años los socialistas habían criticado a sus compañeros de hemiciclo.

El caso Azud comenzó a investigarse en secreto en 2017. Desde entonces se han desarrollado al menos dos grandes operaciones policiales. Siete años después no hay ninguna pieza cerrada. El asunto se ha convertido en un macrosumario de complicado trámite.