La juez defiende la labor de la UCO y prorroga seis meses la investigación a Zaplana

No obstante, no es necesario agotar el periodo. La magistrada puede dictar el procesamiento de los investigados o el archivo en cualquier momento. La resolución adelanta que falta por analizar, por ejemplo, la documentación relativa al exconseller de Industria Fernando Castelló.

La juez, en un breve auto, como todos aquellos en los que se acuerda la prórroga de las diligencias judiciales, defiende el trabajo de la UCO y el esfuerzo de su propio juzgado. Rechaza, como alegaban algunas defensas, que existan unas «injustificadas» dilaciones en este asunto.

El auto recuerda que se trata de un sumario complejo, con numerosa documentación bancaria que ha generado una ingente cantidad de datos.

El resultado de todo este proceso, es decir, la investigación, «puede sustentar no sólo la acusación sino también la defensa», precisa la profesional. Añade, además, que lógicamente no es la única causa que lleva el juzgado y que, en ocasiones, han tenido que lidiar con la lentitud de algunos organismos a los que se solicitaba información. Subraya, por otra parte, que es «insostenible» la afirmación de algunos letrados de que los informes son «sesgados y erróneos».

El auto señala que no resulta posible en este momento concretar qué diligencias pueden ser o no necesarias a la vista de la documentación porque no ha terminado el análisis de todo el material que fue intervenido en su día. La posibilidad de más indagaciones a raíz de esos datos justificaría, según la resolución, la prórroga del caso.

La jueza dedica también un apartado de su escrito a defender la labor de la UCO, el grupo especializado de la Guardia Civil que inició esta ardua investigación que estuvo más de dos años bajo secreto de sumario. «Los atestados policiales son consecuencia de la instrucción», indica. Todo el material requisado en los registros tenía el objetivo de ser analizado y con este cometido se le entregó a los agentes que ayudan en estas diligencias, señala la titular de Instrucción 8.

Del mismo modo, explica que los agentes tienen una más que probada capacidad «para estudiar lo intervenido y analizar y complementar con lo que ello consideran necesario». No es necesario -continúa- que el juzgado acuerde cada toma de declaración practica por los agentes pues esto forma parte de sus atribuciones. «No habiendo mayor interés que llegar a la verdad de lo acaecido y a la participación o no en los hechos de los investigados», concluye. La investigación afronta la recta final después del informe definitivo de las inversiones atribuidas a Zaplana.