Rus, en la puerta de la Ciudad de la Justicia. Jesús Signes

El juez cierra la investigación de una supuesta fortuna oculta de Rus en el extranjero ocho años después

El instructor concluye que no existe «ni un solo indicio» de que se quisieran «ocultar activos» y rechaza la petición del fiscal de pedir información a Andorra

A. Rallo

Valencia

Martes, 21 de mayo 2024, 00:26

Alfonso Rus, expresidente de la Diputación de Valencia, sabe de primera mano que la Justicia no destaca por su rapidez. El juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, el órgano que se ha encargado de toda la macrocausa de Imelsa, ha archivado las pesquisas ... abiertas para aclarar una supuesta fortuna oculta en el extranjero. Las diligencias se abrieron en junio de 2016. Se cierran ahora, casi ocho años después. Un lapso demasiado extenso para mantener la reputación de alguien bajo sospecha.

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La causa analizaba varias operaciones de compraventa de acciones en las que intervinieron Fabricación y Distribución del Mueble (firma familiar de Rus), la sociedad de valores Arteinvest 2017, también del expresidente de la Diputación, y Geneva Fondo Inmobiliario.

Esta última empresa pertenecía a Jaime Cabot y Ramón Lis, uno de los amigos de Rus. Geneva adquirió por 1,8 millones las participaciones de Arteinvest, creada unos años antes y sin actividad y que también había adquirido participaciones de FDM por esa misma cantidad. Se especuló con que todo esto fuera «operación simulada» para introducir un dinero, de origen delictivo o no, dentro del tráfico ordinario.

Existían documentos que probarían las relaciones entre Artinvest 2007, de la que Rus era administrador único, y Geneva Fondo Inmobiliario -termina comprando las participaciones de la empresa de Rus-. Geneva, con sede en Valencia, era a su vez propietaria de Geneva Patrimonial Inmobiliaria Do Brasil, la firma brasileña que siempre estuvo bajo el foco de los investigadores de la UCO. La sospecha era esa: que parte del dinero de supuestas comisiones se había desviado al país suramericano.

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El juzgado encargó una comisión rogatoria a Brasil para aclarar quién pudiera estar detrás de la sociedad radicada en ese país. La diligencia poco aportó, más allá de retrasar la causa cuatro años. El juez concluye ahora que no existe «ni un solo indicio» de que esas operaciones estuvieran destinadas «a la ocultación de activos procedentes de delitos cometidos presuntamente por Rus».

El titular de Instrucción 18 rechaza la petición de la Fiscalía Anticorrupción de solicitar el auxilio de la Agencia Tributaria con sus compañeros del país vecino a raíz de que se descubriera una cuenta de Cabot en Andorra con dos millones de euros. El juez sostiene que la operación inicial partió, con un grado de probabilidad superior a la tesis delictiva, de una «operación de inversión en su día pactada entre Rus y su amigo Ramón Lis -falleció durante la investigación- con una ideación progresiva y que se ve frustrada en el año 2010» por la crisis inmobiliaria.

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De hecho, esto según el juez, le lleva a Rus a recomprar las participaciones de su empresa con pérdidas. «En el frustrado fin de ese proyecto no se vislumbra ningún tipo de procedencia opaca o ilícita de los fondos, ni desvío o destino finalmente enriquecedor», subraya el juez en su auto de sobreseimiento. Cabot y Rus, por otra parte, no tenían relación de amistad, precisa el auto.

El instructor, después de ocho años, recuerda que la sociedad brasileña se dedicaba a la construcción y que ese había sido el destino de Cabot para esquivar la crisis española del ladrillo. Por otra parte, nunca tuvo relación con las administraciones públicas. No es la primera investigación que se archiva contra el expresidente. El juzgado ya dio carpetazo a la investigación por los sobrecostes en Ciegsa debido a comisiones.

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El balance es diferentes en cuanto a condenas. La seccción segunda de la Audiencia de Valencia le impuso cinco años de cárcel al expresidente por la contratación de los 'zombies' de Imelsa y Ciegsa, personas que cobraban sin ir a trabajar. Pero también ha encontrado pronunciamientos favorables como la absolución del call center. El tribunal desmontó todas las premisas de los investigadores y les llegó a achacar que dudaban de todo y ese era el soporte para construir una causa incriminatoria.

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