El juez cita a declarar a Francis Puig y abre otro frente en el Botánico tras el caso Oltra

El caso del cártel de las productoras, que encabeza Francis Puig, se ha convertido en uno de los temas más polémicos de la legislatura por el reparto de más de un millón de euros en subvenciones a las empresas del hermano del jefe del Consell y de sus socios desde distintas administraciones. El caso tomó relevancia después de que Competencia de la Generalitat multara con más de 40.000 euros a estos empresarios por pactar precios para ganar varios lotes de un concurso de À Punt. Además de la sanción económica se formuló una petición, todavía sin resolver, para que a las mercantiles de Francis Puig y de los hermanos Adell Bover se les prohibiera contratar con la administración pública.

La causa que investiga Instrucción 4 de Valencia, donde el PP figura como acusación, se centra en el reparto de subvenciones públicas por parte de la Generalitat a estas productoras de televisión –Comunicacions dels Ports, Mas Mut, Nova, Canal Maestrat y Kriol–. La mayoría de estas ayudas estaban dirigidas al fomento del valenciano, concedidas por la conselleria de Educación, aunque también hay varias relacionadas con el programa de empleo juvenil de la conselleria de Economía.

Francis Puig, desde 2015, ha recibido más de 700.000 euros en ayudas de distintas administraciones, y los hermanos Adell Bover superan los 400.000 euros en subvenciones. Ese dinero ha llegado desde distintas instituciones, especialmente desde la Comunitat Valenciana y desde Cataluña, y una de las claves está en la justificación de todas esas ayudas. Las empresas beneficiarias deben aportar documentos y recibidos para justificar el dinero, y el PP defiende, con las pruebas recabadas, que se han utilizado las mismas facturas para justificar las ayudas de distintas administraciones. Una misma nómina de un trabajador, por ejemplo, con una dedicación a tiempo completo, fue entregada tanto en la Generalitat Valenciana como en Cataluña para avalar sendas ayudas públicas. Y como esta, distintas facturas que han sido investigadas para saber si existe un posible fraude de subvenciones.

La providencia firmada por el magistrado del juzgado de Instrucción 4 de Valencia el pasado 31 de marzo pide también la elaboración de sendos informes periciales al área de intervención de la Generalitat valenciana y de la Generalitat de Cataluña para que auditen esta situación y aporten luz para ver si con las mismas facturas se justificaron varias ayudas.

Es la primera vez que Francis Puig comparece ante el juez para declarar en una causa que lleva ya casi tres años abierta. El hermano del presidente de la Generalitat fue imputado en octubre de 2019, aunque su citación se ha retrasado por el informe que durante los últimos meses ha elaborado la Guardia Civil, que ha investigado este caso. Incluso la Benemérita pidió una ampliación de seis meses más para cerrar la investigación.

Comunicacions dels Ports, una de las productoras de Francis Puig, ha remitido un comunicado recogido por Europa Press donde asegura que no ha cometido ningún ilícito penal y asegura que pedirá comparecer ante el juez para explicar subvenciones cuestionadas.

Desde la productora se señaló que durante más de dos años se ha mantenido un «respetuoso silencio» para no interferir en la investigación y ha aclarado que las «dudas» de la Guardia Civil sobre un número «muy limitado» de facturas aportadas para justificar las subvenciones concedidas «serán resueltas en una próxima comparecencia en sede judicial, que se solicitará en breve». Y agregaron: «En ningún caso tales dudas derivan en la comisión de ningún ilícito penal».

Además, ha advertido de la existencia de un informe de la benemérita en la que, a su juicio, «confunde» al hablar de la doble imputación del gasto para subvenciones de la Generalitat Valenciana y la Generalitat Catalana, el hecho de que las mismas facturas se hayan aportado en una u otra administración con el dato objetivo de que en ningún caso se ha subvencionado íntegramente por ambas administraciones o doblemente un mismo gasto, «respetándose en todo momento el límite previsto en el artículo 19.3 de la Ley General de Subvenciones».

Y ha aprovechado para recordar, tal y como consta en un oficio remitido por la Agencia Antifraude de fecha 20 de febrero de 2020 al juzgado que, tras las comprobaciones oportunas, «todos los planes de control en el ámbito administrativo de las subvenciones recibidas han finalizado con resolución favorable, no instruyéndose ningún procedimiento de reintegro por parte de la administración».