El juez cita a Vicente Betoret y a Mayrén Beneyto como testigos por el caso Imelsa

El juez que instruye el caso Imelsa ha aceptado la petición de la Fiscalía Anticorrupción y ha citado al diputado nacional del PP Vicente Betoret en las diligencias que mantiene abiertas por pagos de gastos electorales desde la empresa pública Imelsa. La comparecencia, como testigo, se producirá el próximo días 15 de julio a las diez de la mañana. La citación pone bajo sospecha la etapa de Betoret como alcalde de Vilamarxant. Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detectó actos electorales al margen de la contabilidad oficial del partido auditada por el Tribunal de Cuentas. Estos trabajos fueron facturados por Thematica, la empresa de Rafael García Barat y donde Marcos Benavent era un socio en la sombra. Anticorrupción pidió que el responsable popular compareciera en el juzgado para explicar esta sospechosa operativa. Lo hará como testigo -en teoría con la obligación de decir la verdad- y no como investigado porque los delitos de los que podría ser acusado han prescrito, según recoge el informe del ministerio público. La cantidad bajo sospecha son algo más de 8.000 euros de las elecciones municipales de 2007. Entre los trabajos investigados se encuentra una sesión de fotos del propio candidato.

El diputado, persona del equipo de Pablo Casado, se vio envuelto en la polémica cuando en su día Marcos Benavent le acusó de ser uno de los dirigentes del PP que recibía comisiones en aquellas sobremesas obscenas en las que supuestamente se repartían sobres. Juan José Medina, el que fuera coordinador de los gastos de la formación de la provincia de Valencia, también aparece señalado en ese mismo informe por la opacidad en la campaña en Moncada.

El otro cargo popular salpicado por estas diligencia es la exconcejal del PP, Mayrén Beneyto. Acudirá a la Ciudad de la Justicia el mismo día que Betoret, pero una hora y media más tarde. Su citación está relacionada con la adjudicación del Bibliobus a la empresa en la que era socio Marcos Benavent.

La investigación se centra en el fraccionamiento de contratos a favor de las empresas de García Barat. La firma obtuvo cerca de 178.000 euros en los dos años que se organizó la iniciativa, un préstamo de libros itinerante en las playas de la ciudad. Dos altas funcionarias del Ayuntamiento de Valencia están imputadas en este asunto. En el informe policial, una de ellas se dirige al socio de Benavent: «Mañana celebramos el tema piscinero y el comienzo de la temporada de Bibliogus con una cervecita y comida campoolivera. ¿A las tres? Besitos».