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Abatida por el dolor y la desesperación, la madre de Marta Calvo, la joven desaparecida en noviembre en la localidad de Manuel tras una cita sexual con Jorge Ignacio P., sospechoso de su muerte, clama por el endurecimiento de las leyes y condenas para disuadir a los asesinos y violadores. «Salvemos vidas que todavía estemos a tiempo de salvar y evitemos que otras familias y madres como yo tengan que sufrir este terrible dolor», demanda en una carta abierta a los medios de comunicación.
Con rabia, enfado, tristeza, impotencia y mucho dolor, Marisol Burón toma la palabra para pedir que se haga justicia, siete meses después de que su hija le enviase la ubicación «donde estuvo sus últimas horas de vida», la vivienda de Manuel a la que fue «sin miedo, con libertad, esperando pasar buenos momentos y continuar con su vida», hasta que el presunto homicida en serie «se tomó la libertad de decidir que ya había vivido bastante».
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Allí acudió también su madre tras varias horas sin recibir respuesta de la joven, de 25 años, algo que no era habitual entre ellas. «Lo tuve de frente, me enfrenté a él y me negó haber estado con ella, me negó incluso conocerla, para entregarse semanas después en los cuarteles de la Guardia Civil de Carcaixent, confesando que Marta estaba fallecida y que él se había deshecho del cadáver de mi hija de una forma brutal que no soy capaz ni de pronunciar ni escribir… a pesar de ello arrestado y encarcelado, se acoge a su derecho a no declarar, y Marta sigue sin aparecer», lamenta en su escrito, en el que se pregunta si es necesario tanto sufrimiento y cuestiona el «derecho a no declarar de un delincuente asesino».
La madre de Marta Calvo apela a la empatía de los políticos y les pide que imaginen que se tratase de su propia hija, segura de que así sentirían «la necesidad de preocuparse más por estas leyes obsoletas y que no hacen justicia, y dejarían de preocuparse de otras cosas que pueden esperar, pues al lado de esta, son miserables tonterías sin importancia».
Las leyes vigentes, a su juicio, «nos tienen totalmente desprotegidos, vendidos, pues a los asesinos, violadores, maltratadores, etcétera, les sale barato en este país matar, violar, vejar o maltratar». Es por eso que reclama «prisión máxima con o sin cuerpo, obligación de declarar y declarar la verdad o más pena, y menos condescendencia con estos individuos que al final, están más protegidos en la cárcel» que el resto de los ciudadanos en la calle.
«Basta ya por favor, hagan, hagamos algo», suplica la madre de la joven, quien reivindica que «España y los españoles merecemos más y mejor». Además, insta a los políticos y jueces a pensar que si el arrestado por la muerte de su hija «no hubiese disfrutado de libertad bajo fianza, o hubiese sido deportado a su país por no estar sus papeles en regla cuando le caducaron», Marta seguiría hoy junto a «la gente que la amaba».
Y apunta que, de haber sido así, el delincuente colombiano, que salió en 2018 de prisión y se encontraba en libertad provisional al recurrir su condena por tráfico de drogas cuando presuntamente mató a Marta y descuartizó el cadáver, «no hubiese causado este irreparable dolor, sumado al de otras dos víctimas mortales y otras ocho afectadas que también han querido denunciar lo que sufrieron en manos de este depravado individuo». Casos descubiertos a raíz del crimen de Marta, como le reconoce su madre: «Gracias hija por tu ayuda desde donde estés, pena que hayas tenido que pagar con tu vida».
Decidida a «seguir luchando y con más fuerza cada día por que se haga justicia», agradece todo el apoyo recibido y la «impecable labor» de los cuerpos y fuerzas de seguridad, al tiempo que urge a evitar que la historia se repita.
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