El juez del caso Imelsa lleva un año para decidir si cita a declarar a la consellera Pérez Garijo

En las películas de ciencia ficción resulta habitual jugar con los saltos temporales e incluso con la medición de esta variable. Así, se dan supuestos en los que mientras para unos protagonistas han transcurrido unos minutos, para otros ha pasado un año. Al margen de aventuras espaciales, el ejemplo, el del tiempo subjetivo, puede servir para ilustrar el incomprensible retraso de las diligencias principales del caso Imelsa. Instrucción 18 de Valencia lleva un año para responder a la cuestión planteada en su día por el exgerente de Imelsa y principal acusado, Marcos Benavent.

En su estrategia por dinamitar la causa solicitó en octubre de 2021 la comparecencia de Rosa Pérez Garijo, denunciante del caso y actual consellera de Transparencia. La diligencia se reiteró en enero de este año ante la ausencia de una respuesta. Y de nuevo se ha insistido ahora, hace apenas unos días. Tres peticiones sin contestación. Esta situación tan extraordinaria no es inédita en este juzgado. En el marco de la causa del pitufeo, por ejemplo, algunas defensas llegaron a pedir hasta en ocho ocasiones diligencias de prueba.

La idea de la defensa de Marcos Benavent es que la diputada aclare los famosos pendrives que dieron lugar al inicio de la investigación en fase prejudicial y que posteriormente se incorporaron al juzgado. Esta cuestión y la falta de una cadena de custodia sobre las memorias digitales ya se ha planteado en el primer juicio del caso Imelsa. Sobre esta tesis se asienta una de las peticiones de nulidad que se expusieron en la vista. Un juicio que, por otra parte, sigue sin fecha.

La sospecha recae sobre la posible manipulación de los aparatos. Garijo, en su momento, aportó un pendrive y posteriormente Mariano López, el suegro de Benavent, añadió otra memoria externa a la Fiscalía Anticorrupción. Parte de estos audios se difundieron en diferentes medios de comunicación.

Pero, al parecer, en las diligencias en el juzgado sólo figura uno de los pendrives. Mariano López fue otro de los impulsores del proceso que finalmente terminó detenido e imputado por el cobro de comisiones. «Es un dato objetivo, que se aportan dos pendrives en fiscalía y sólo recibe un pendrive el juzgado. Desconocemos si contienen la misma información, o uno es copia del otro, o de cual de ellos se ha obtenido la documentación que ha servido para iniciar esta investigación, si ha habido omisión de información, si se han eliminado documentos...», sostuvo el letrado.

No es la primera vez que Pérez Garijo se ve envuelta en estas diligencias. La defensa de Alfonso Rus ya solicitó en su momento la declaración como imputada de la consellera. Esto depara un problema ya que al ser aforada la causa tendría que ir al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) bien de manera íntegra o la parte que afectara a la líder de Esquerra Unida. Tampoco esta petición encontró respuesta en el juzgado.

La responsable gubernamental declaró en su día ante la Guardia Civil como investigada por la contratación de un asesor. Esto pese a que ella, con sus informaciones, había dado el pistoletazo de salida a las diligencias prejudiciales. Sin embargo, esa imputación policial nunca se materializó en una resolución judicial. Hasta la fecha no se le ha citado a declarar. Por eso parece poco probable que se haga en estos momentos, aunque eso no justifica la falta de respuesta del órgano judicial.

• Temas
• Guardia Civil
• Valencia (Provincia)
• Alfonso Rus
• Rosa Pérez Garijo
• Marcos Benavent
• Caso Imelsa
• Caso Imelsa