El juez investiga a Francisco Camps por los contratos de la Generalitat con Gürtel

Francisco Camps, seis años después de ser absuelto en el juicio de los trajes, vuelve a verse atrapado por la trama Gürtel. El juez De la Mata le acaba de imputar por los contratos que la red de Francisco Correa recibió de la Generalitat. Estas diligencias se encauzan en la conocida como pieza 5 de Gürtel, la que engloba diferentes adjudicaciones de la Generalitat valenciana a Orange Market. Este asunto estaba ya completamente instruido. El caso sólo aguardaba la celebración del juicio. Pero la confesión del exsecretario del Partido Popular Ricardo Costa y de Álvaro Pérez, 'el Bigotes', durante el juicio por la caja B del PP valenciano centró todas las sospechas sobre el expresidente. A Camps le acusaron de conocer y mantener ese entramado delictivo que permitía la financiación ilegal del partido a cambio de adjudicaciones públicas y también con el amaño de contratos a favor de Orange Market que servirían supuestamente para pagar actos electorales organizados por la agencia. Toda la presión se situó entonces en el lado de la Fiscalía Anticorrupción, que finalmente pidió investigar a Camps. El expresidente, según el auto que se dio a conocer ayer, tendrá que declarar como investigado. Todavía no hay fecha para esa comparecencia.

No es la única novedad de la resolución judicial. El juez acuerda citar de nuevo a Dora Ibars, la responsable de Promoción Institucional de la Comunitat, para que aclare las circunstancias en las que decidió adjudicar el estand de Fitur (2009) -independientemente del otro caso juzgado y con condena por el expositor de 2007- sin ningún procedimiento administrativo. El objetivo vuelve a ser averiguar si Ibars actuó por orden de sus «superiores jerárquicos», otras «personas» o «las primeras autoridades». En estas referencias genéricas se incluiría la participación delictiva de Francisco Camps. La causa, por el momento, se reabre para analizar la existencia de delitos de malversación y prevaricación, aunque esta calificación puede variar a medida que avancen las pesquisas.

La tesis inicial de la fiscalía es que Camps maniobró en la sombra para que esta adjudicación fuera a parar a la mano derecha de la trama Gürtel en la Comunitat. El auto también recoge otro vértice de las pesquisas que consiste en averiguar si el expresidente conoció y participó en el sistema ilegal de pagos del PP a la empresa Orange Market, es decir, el amaño de adjudicaciones con las que, de alguna forma, se compensaba la organización de actos electorales de PP. Esta vía resulta, de entrada, más complicada porque estos hechos supuestamente han sido ya juzgados en la Audiencia Nacional con la caja B del PP donde tanto empresarios como los miembros de Gürtel y Ricardo Costa admitieron ese sistema irregular para sufragar la campaña electoral.

El exjefe del Palau no tardó en reaccionar. A través de su representación legal, anunció que presentarán un recurso a su imputación porque considera que «no hay ningún elemento fáctico o declaración» que la sostenga. En anteriores pronunciamientos, el expresidente recordó que ya declaró en esta causa como testigo y nunca se formuló imputación contra él. «Intentan imputar a Camps hechos que nadie ha referido en diez años de instrucción. No hay una sola declaración que relacione a Camps ni directa ni indirectamente con adjudicación alguna», subrayaron.

El titular del juzgado central de Instrucción número 5 ha ordenado otra serie de diligencias para completar la investigación de Camps. El magistrado pide citar de nuevo a Ibars, pero también -como testigos- a la exsecretaria de Comunicación de Presidencia, Nuria Romeral, y a la exvicepresidenta del Consell, Paula Sánchez de León. La imputación de ayer supone la cuarta investigación al expresidente en asuntos de corrupción de su etapa al frente de la Generalitat Valenciana. Así, a esta trama vinculada directamente con Gürtel, se suman las dos causas de la F-1 (la organización y negociación con Bernie Ecclestone y la construcción del circuito en Valencia) y la penúltima investigación por la visita del Papa a Valencia y los contratos de la Fundación V Encuentro.