Oltra, a un paso de ser imputada por ocultar los abusos de su exmarido

El telón del peor escenario posible para la vicepresidenta Mónica Oltra se abrió este viernes, apenas unos minutos más tarde de terminar su rueda de prensa. El juez que investiga la gestión de la Conselleria de Igualdad en el caso de los abusos de su exmarido ha concluido que existen indicios «racionales y sólidos» de la participación de la vicepresidenta en toda la extraña operativa para ocultar el suceso y desacreditar a la víctima de los abusos. El instructor deja en manos del TSJ la imputación de la consellera al gozar esta de su condición de aforada. La posición política de la líder de Compromís se vuelve desde hoy insostenible.

El magistrado admite que se ve incapacitado para continuar con las pesquisas –trece investigados hasta el momento, once de la propia conselleria– sin contar con la participación de Oltra como imputada. Pero esto será una decisión de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ. El órgano puede asumir la causa en su totalidad o sólo los hechos que afectan a la vicepresidenta. También puede concluir que los indicios recopilados por el magistrado son insuficientes para abrir causa penal contra la vicepresidenta.

El proceso se inició con lo que se conoce como exposición motivada, una exposición de 70 páginas en la que el juez desgrana los motivos para actuar contra la vicepresidenta. «Hay indicios de que nunca hubo una voluntad cierta de esclarecer los hechos», indica respecto a la denuncia inicial de la joven y la actuación de Igualdad.

La exhaustiva exposición del juez se divide en dos actuaciones separadas en el tiempo pero complementarias en el supuesto intento de ocultar todo el episodio de abusos. Por un lado, toda la gestión desde el centro Niño Jesús, en contacto con Igualdad, y la decisión de no darle credibilidad a la víctima. Esto se produce en los meses de febrero-marzo de 2017.

Y, por otro, todo lo que sucede a partir del 4 de agosto, cuando Oltra conoce que existe un procedimiento judicial y pese a esto encarga la apertura de un expediente que termina siendo un documento con el único objetivo de restar valor al testimonio de la adolescente.La resolución incide en las primeras actuaciones en el centro Niño Jesús. Llama la atención que nunca se le pregunta por los abusos en la ya famosa entrevista con la psicóloga de la conselleria y donde se resuelve no dar credibilidad a la delicada historia pese a que ya había relatado estas agresiones directamente a otras cuatro personas.

Esta exploración fue realizada por una psicóloga que no era experta en abusos y no completó ni siquiera un informe. Se limitó a despachar el asunto con una «diligencia», precisa el instructor. «No se alcanza a entender el motivo por el que si existía un servicio de atención psicológica a menores, idóneo para valorar a la niña, esta es derivada a una psicóloga no experta en abusos sexuales y el motivo por el que, ante la no confección del informe que le había sido requerido, la niña no fue derivada a dicho servicio» Todo este proceder parece «incomprensible».

El magistrado efectúa una minuciosa cronología de qué ocurrió desde que la menor denuncia los abusos en febrero hasta que un mes más tarde se da ese primer carpetazo a las pesquisas. Un cierre en falso, tal y como recoge esta exposición motivada.

La conclusión, con lo que dispone en este momento en la ya voluminosa causa, resulta rotunda: «No existió en la sede de Conselleria ninguna voluntad real de esclarecer los hechos sino, por el contrario, de ocultarlos, con una mera apariencia de actuaciones dirigidas a esclarecerlos».

El juez reflexiona acerca de que todos podemos cometer errores en nuestras ocupaciones diarias. Sin embargo, llama la atención en el hecho de que en este asunto fallaron todos «los funcionarios y profesionales intervinientes y a la vez». Y, además, todos en una misma dirección o enfocados hacia un mismo propósito. En modo alguno, continúa el magistrado, puede descartarse que este comportamiento tuviera que ver con decisiones u órdenes de la propia dirigente política.

La exposición -quizá un exceso porque rebasa el ámbito judicial– alude incluso a las responsabilidades políticas de la vicepresidenta en todo este delicado asunto «ante la carencia de cualquier protocolo en la Conselleria para proceder en supuestos tan graves como el del abuso sexual continuado de una niña tutelada y en tanto que, por esta actuación de los funcionarios a su cargo, no salieron entonces a la luz graves hechos, penalmente relevantes, atribuidos a su marido».

La última parte del escrito profundiza en el famoso expediente que encargó Oltra y que terminó siendo un dosier para desacreditar a la joven, hoy ya mayor de edad de edad. La propia vicepresidenta quiso averiguar qué había ocurrido en la gestión de ese asunto del que se había enterado en agosto, seis meses después de los hechos. «Pero lo que se hizo al abrir el expediente informativo no fue nada de eso».

Es más, insiste el magistrado, se inició «una investigación paralela a la judicial carente aparentemente de todo sentido y que comportaba el empleo de recursos públicos, humanos y materiales, con el consiguiente coste». Además, y en esto el instructor coincide con la Audiencia de Valencia, «llama la atención el sesgo del informe y su dureza respecto a la menor». De igual modo, sorprende que la declaración del docente en el marco de este expediente admite que daba masajes a la joven para que esta se relajara. Sin embargo, «nada de esto se traslada al informe de conclusiones». El dosier concluye que no es creíble cuando la experta de Espill, en realidad, habló de «poco creíble». Para completar el cúmulo de despropósitos administrativos, el informe completo no se mandó a la Fiscalía hasta dos años después tras la sentencia condenatoria.

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