El caso Mónica Oltra en 5 claves

Diciembre de 2019. La Audiencia de Valencia condena a Luis Eduardo Ramírez, exmarido de Mónica Oltra, a cinco años de prisión por abusos sexuales a una adolescente en un centro de protección. Así empieza el camino de este caso que poco más de dos años después salpica de forma directa a Mónica Oltra, sobre la que el juez ha pedido que el TSJCV la investigue. Los hechos fueron juzgados en noviembre de 2019 y en menos de un mes ya se conocía una sentencia validaba el testimonio de la víctima, afeando también la actuación de la directora de las instalaciones donde se produjeron los hechos y de la propia Conselleria de Igualdad y Política Inclusivas que dirige Oltra. Estas indicaciones por parte de los magistrados iniciaba el tortuoso camino judicial para la vicepresidencia.

El juicio tuvo que repetirse, ya que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana declaró la nulidad parcial del juicio y obligando a repetirlo teniendo en cuenta los informes favorables al exmarido de Oltra. Tras la repetición del mismo, el tribunal vuelve a condenar a Luis Eduardo Ramírez a 5 años por abusar de una menor en un centro de protección entre finales de 2016 y principios de 2017, cuando aún era marido de la actual vicepresidenta. La sentencia debe ser ratificada por el Tribunal Supremo.

Las últimas declaraciones judiciales dejan el papel del exmarido de Oltra en el de un total «desconocido» para los altos cargos de la conselleria de la vicepresidenta. Ante el juez se repetía la afirmación de desconocer que el denunciado por abusos era el marido, en ese momento, de Mónica Oltra.

Es la piedra angular del caso y la explicación de por qué la sucesiva investigación judicial ha acabado salpicando a altos cargos dependientes de la conselleria de Mónica Oltra, así como a la propia vicepresidenta del Consell. Lo que el juez está investigando ahora es justamente saber por qué ni en el centro ni en la conselleria dieron veracidad a la denuncia de la propia menor, ya que la gestión interna del caso reveló que los protocolos establecidos no se aplicaron de forma clara.

Desde el propio centro centraron su posición en señalar directamente a la menor por las actitudes que tenía en las instalaciones, acusándola de generar «muchos problemas y fugas». Como ya publicó LAS PROVINCIAS, a la adolescente se le asistió en febrero de 2017, pero se concluyó que su relato no era creíble. Ni siquiera se comunicó a la Fiscalía de Menores. No fue hasta julio cuando el ministerio fiscal conoció todos los pormenores a través de una denuncia policial.

La única persona que se creyó a la joven fue la perito del Instituto de Medicina Legal, quien en su informe da veracidad a los hechos denunciados y así lo confirmó durante el juicio al exmarido de Mónica Oltra.

4 de agosto de 2017. Ese punto en el calendario es el fijado por la propia Mónica Oltra para marcar el día exacto en el que dice enterarse de que su exmarido estaba siendo investigado por abusos a una menor. La información no le llega a través de conselleria, sino en su propio domicilio. A la vivienda familiar se dirige una citación judicial y ella la consulta, a pesar de que está indicada para Luis Eduardo. Entre los abusos y ese día pasaron 6 meses. Nadie en la conselleria había informado a la vicepresidenta de la denuncia que afecta a su exmarido. Se entera por carta.

No es hasta que Mónica Oltra lee la comunicación judicial cuando se inicia el expediente informativo dentro de la conselleria, bautizado en aquel entonces como «información reservada».

Desde finales de febrero de 2022 han declarado en la Ciudad de la Justifica varios cargos de la Conselleria de Igualdad, dado que se pretende aclarar la gestión de este episodio de abusos y si desde la Conselleria de Igualdad se emprendió una especie de «instrucción paralela», según la Audiencia de Valencia, para tratar de paliar la responsabilidad del departamento. Es decir, saber los motivos por los que cualquier control se activara casualmente después de que Oltra conociera de forma personal la situación del que era su marido, así como aclarar si la relación existente entre el denunciado y la vicepresidenta condicionó la actuación del centro, siempre contraria a los hechos relatados por la menor.

Ante la justicia, para aclarar la labor de la conselleria, han declarado como investigadas: Rosa Molero, directora general de Infancia y Adolescencia de la Conselleria; Gemma Plaza, subdirectora general de Infancia y Adolescencia de la Conselleria; Isabel Serra, directora territorial de Valencia de la Conselleria de Igualdad; Jesús Manuel Esquiu, secretario territorial; MAría José Navarro, instructora de la «información reservada»; María Isabel Año, psicóloga del Servicio de Atención Psicológica a Menores Víctimas de Abusos Sexuales de la Conselleria; María Amparo Nogués, jefa de servicio de Infancia, Adolescencia e Igualdad; Francisco Soriano, jefa de una de las secciones del Menor; Ana Victoria García, técnico de la Sección del Menor del Servicio; Inmaculada Martín, psicóloga de la Sección del Menor de la Conselleria; María Isabel Domingo, directora del centro de acogida Niño Jesús; Ana Isabel Junquera, psicóloga del centro Niño Jesús y Carmen Fenollosa, directora territorial de Igualdad y Políticas Inclusivas de Castellón.

Este camino se ha iniciado después de que el juez encargado de la investigación a Igualdad solicite que Mónica Oltra sea investigada por el TSJCV. El camino de la vicepresidenta es el mismo que el de otros políticos, ya que el alto tribunal deberá remitir un suplicatorio a Les Corts para que acredite que Mónica Oltra está aforada. Un mero trámite administrativo con el que el TSJ inicia su propio procedimiento. Una vez conozca la condición de aforada de Oltra, nombrará a un ponente para que estudie los hechos razonados que el juez instructor ha remitido. Será ahí cuando el tribunal decida si asume la causa y, de hacerlo, si la asume en su totalidad. También será importante conocer la posición de la Fiscalía.