El juez recrimina a la conselleria de Oltra por los abusos de su exmarido

La Audiencia ha condenado al exmarido de Mónica Oltra a cinco años de prisión al exmarido de Mónica Oltra por abusos sexuales a una adolescente en un centro de protección. Además, no podrá trabajar con menores durante los próximos diez años y tendrá que abonar una indemnización de 6.000 euros. La sentencia valida el testimonio de la víctima y afea la actuación de la directora de las instalaciones donde se produjeron los hechos y de la propia Conselleria de Política Inclusivas que dirige Oltra. Es más, el tribunal sugiere que podría apreciarse incluso la agravante de superioridad, lo que habría elevado la pena a los seis años.

Los magistrados dan por probado que Luis Eduardo Ramírez acudía a la habitación de la menor cuando estaba castigada -no cumplía con la normativa del centro- y tras darle un masaje y quedarse esta supuestamente dormida utilizaba la mano de la adolescente para masturbarse. La víctima «fingía dormir ante la vergüenza de la situación». Los hechos se produjeron entre finales de 2016 y principios de 2017. En aquella época, el ahora condenado todavía era esposo de la vicepresidenta y consellera de Políticas Inclusivas y vivían en el mismo domicilio si bien, según su entorno, «ya no hacían vida de pareja». Ahora están separados.

El tribunal valida el testimonio de la víctima que, por otra parte, no ha incurrido en contradicciones desde el inicio de la investigación penal. «No se nos antoja ninguna razón para dudar de ella», recoge el fallo. No aprecian en la joven «animadversión» o «resentimiento» hacia Icardi. Es más, ambos mantenían una buena relación, de amistad y confianza. Su «falta de interés en perjudicar al acusado» se evidencia en el hecho de que no fue ella la que denunció. El relato incriminatorio incluye aspectos positivos del acusado. No toda la versión es para arremeter contra el educador.

El testimonio, a su vez, está corroborado por otros elementos externos, como las declaraciones de los policías, la del novio, una amiga y un compañero del acusado. A todos ellos les trasladó de manera similar lo que sufría en las instalaciones. De igual modo, la exposición del acusado contiene elementos que permiten consolidar la versión de la joven. Por ejemplo, que le practicó masajes pese a que no lo hacía con otros menores y tampoco lo realizaban otros compañeros. Especialmente ilustrativo resulta que escondiera a la dirección del centro que daba estos masajes. En un protocolo enviado tras estallar el caso «habla de ejercicios de relajación, de galletas, infusión o fruta». Pero nunca menciona los masajes.

A todo lo anterior, hay que sumar el informe del médico forense que avala la credibilidad de las revelaciones de la adolescente y recuerda que se trata de una joven institucionalizada, es decir, que ha pasado prácticamente toda su vida en centros de la Generalitat. Subraya el tribunal una circunstancia llamativa, que era la relación que el acusado tenía con un alto cargo de la Generalitat «algo conocido por todos en el centro» y lo que se presenta como una dificultad añadida a la hora de formular denuncia, según recoge el fallo.

La Audiencia reprocha de manera reiterada la actuación del centro de menores, pero también la de la propia Conselleria dirigida por Oltra. La encargada de las dependencias, una entidad privada, realizó una declaración totalmente confusa en la vista oral. Los magistrados ponen el foco en que una vez le trasladan la existencia de los abusos -se lo comunica una trabajadora del Comité Antisida que gestionaba el dinero que le daba a la adolescente su padre- la máxima responsable no preguntara a la víctima sobre estos episodios de abusos. Únicamente se limitó a inquirir por las razones por las que ella supuestamente pretendía dejar las instalaciones.

Capítulo aparte merece la actuación de la psicóloga de la Dirección Territorial de Igualdad, la persona que examinó a la adolescente. Admitió que no era experta en la detección de este tipo de delitos y ni siquiera elaboró un informe. Hizo una diligencia, un análisis de menor entidad. Resulta relevante para los magistrados que omitiera la pregunta de los abusos sexuales cuando hizo la entrevista a la víctima. De hecho, la menor no los mencionó por propia voluntad porque no se le citó para esa cuestión sino para explicar los motivos por los que no quería seguir en el centro.

Además, también causa «sorpresa» el hecho de que no se diera cuenta de todo esto a la Fiscalía de Menores. Este caso saltó al ministerio público porque la menor se lo cuenta a unos policías cuando estos van a recogerla en una de las múltiples fugas que protagonizaba la joven. El día del juicio, el pasado 7 de noviembre, acudió a la Ciudad de la Justicia esposada, lo que motivó las quejas de la presidenta del tribunal. Ordenó que quitaran los grilletes a la menor, pero los agentes se negaron ante un supuesto riesgo de fuga.

La Sala impone los cinco años de cárcel que pedía la fiscalía. Además, apunta que de acuerdo a varias sentencias del Tribunal Supremo, podría haberse sustentado incluso una condena por la agravante de superioridad ya que el educador se prevalió de su condición. Hay que tener en cuenta las circunstancia de la menor: «sus miedos, su condición de víctima especialmente vulnerable, las edades de ambos y su rol como responsable en las instalaciones».

La actuación de la Conselleria de Políticas Inclusivas en este asunto y otros sucesos de idéntica naturaleza ha sido dispar. Mientras en el supuesto caso de unos abusos en un centro religioso de Segorbe, la vicepresidenta dio en Les Corts datos del sospechoso -resultó finalmente absuelto- y clausuró las instalaciones, en este, la opacidad, denunciada por la propia sentencia, ha presidido el procedimiento.

El letrado del acusado, Óscar Fernández, recurrirá el fallo. En su escrito incorporará un segundo informe exculpatorio de la fundación Espill que por un error de la Administración no figura en el expediente judicial y se le facilitó después de la celebración de la vista.

El auto considera probado que la niña dormía en una habitación separada del resto de usuarios del centro. El escenario donde se produjeron los abusos era real.

Existía una distancia suficiente entre la habitación de la menor y la común, por lo que el ahora condenado tenía la oportunidad de cometer los abusos.

La declaración del otro educador revela que los cuidadores del piso de arriba sólo bajaban a la planta inferior cuando había alguna incidencia.

El ahora condenado reconoce en su declaración que estuvo a solas con la menor en dicha habitación.

También admite haberle hecho masajes a la menor, a requerimiento de la misma, para que se durmiera.

La menor permaneció en la citada habitación durante un periodo prolongado de tiempo.

Se considera plausible que la menor no reaccionara a los abusos al pensar que nadie le creería. Además, la relación del condenado con la vicepresidenta del Consell representaba una dificultad añadida a la hora de formular denuncia por estos hechos.

El novio de la menor fue a hablar con el ahora condenado y éste no negó los hechos de una manera vehemente. En el propio juicio no reconoció los hechos, pero tampoco los negó delante de los educadores ni del novio de la niña.