Un juez investiga la actuación de la ministra de Ciencia en una protesta frente a un desahucio

La causa está abierta por numerosos delitos, malversación, prevaricación y fraude, pero sólo el avance de las pesquisas puede determinar la calificación final. Por otro lado, la actual ministra no podrá ser investigada directamente por el juzgado de La Safor.

Morant es aforada y sólo puede ser imputada por el Tribunal Supremo. Algo similar al procedimiento que vivió en su día Rita Barberá. El juzgado ordinario debe ahora analizar los hechos de la querella y sólo si encuentra indicios de criminalidad en la actuación de Morant llevar el asunto al Tribunal Supremo. Entre los querellados figura el actual alcalde, José Manuel Prieto.

Los hechos sucedieron a mediados de 2015. Morant, al poco tiempo de acceder al cargo, acudió a un desahucio que estaba previsto en el inmueble, pero lo comitiva judicial no pudo llevarlo a cabo, ante la falta de colaboración de la Policía Local, como argumentan al menos dos sentencias judiciales.

El edificio era una concesión administrativa, donde una empresa levantó el inmueble con un crédito del ICO, con el fin de habilitar casi 80 viviendas de alquiler. El proyecto patinó desde el principio, ya que la mercantil no abonaba al Consistorio el canon acordado y empezaron a producirse problemas de convivencia.

El Consistorio suspendió la concesión del alquiler de pisos en 2017 y la constructora recurrió la liquidación ante un juez. De hecho, en junio de 2015, el día que fueron Morant y otros ediles al inmueble, es el punto de partida del perjuicio que la empresa entiende que ha sufrido. En las sentencias se reconoce que la presencia de la ministra desencadenó que otros propietarios no pagaran y se multiplicaran las ocupaciones.

De forma paralela, los problemas que ha dado este inmueble llevaron al Ayuntamiento a cancelar la concesión, decisión que se aprobó en una Junta de Gobierno de octubre de 2017. Gandia entendía que tenía que pagarle a la constructora el valor del edificio, tres millones, pero descontando medio millón que adeudaba de canon y otros 700.000 euros por los daños que presentaba el edificio.