Un juzgado ha abierto una investigación para aclarar las adjudicaciones que la empresa de Isabel García, directora del Instituto de las Mujeres, recibió de diferentes ayuntamientos. La mayoría de los Consistorios estaban gobernados por el PSPV y todas las adjudicaciones estaban relacionadas con la gestión ... de políticas de Igualdad y Diversidad. García se vio obligada a dimitir por el escándalo que supuso encontrarse representada a ambos lados del proceso, es decir, como órgano contratante, la Administración, y también como beneficiaria a través de la mercantil Elig Consultoría.
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El juzgado de Instrucción 7 de Valencia ha incoado ya unas diligencias de investigación penal pero, de inmediato, ha enviado el asunto a Mislata para que la causa sea instruida en uno de los órganos judiciales de ese partido. El instructor considera que no es competente porque la empresa tenía su domicilio social en esa localidad, aunque obtuvo contratos por toda la geografía nacional.
Los denunciantes, la organización Manos Limpias, pueden recurrir la decisión para tratar de que el caso se mantenga en el juzgado. La instrucción en un órgano de la ciudad de Valencia suelen, por norma general, avanzar de manera más rápida que la de otros partidos judiciales menores.
Existe otra posibilidad. El juzgado que reciba la denuncia podría también alegar respecto a la inhibición que ha efectuado Instrucción 7. Si ninguno de los dos jueces aceptara los motivos del otro sería la Audiencia la encargada de decidir el destino del asunto.
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La sociedad recibió contratos valorados en cerca de 150.000 euros de Ayuntamientos valencianos –casi todos gobernados por el PSPV– y de la Conselleria de Igualdad. Isabel García acumulaba una larga trayectoria política de más de una década vinculada al PSPV.
La ahora ex alto cargo había sido diputada provincial del PSPV, concejala en el Ayuntamiento de Xirivella y asesora del Ministerio de Transportes de la mano precisamente de José Luis Ábalos. La empresa la creó el 14 de febrero de 2022. Su pareja también desempeñó durante un tiempo su labor de asesora en el Senado. Ambas estaban inmersas en la primera línea política.
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La denuncia considera que se han cometido delitos de falsedad de documento público, prevaricación y tráfico de influencias. No describe ningún hecho claramente delictivo sino que el contenido trata, en su mayoría, de una enumeración de contratos menores, aquellos que se pueden adjudicar directamente a una de las empresas interesadas siempre que el importe no supere los 15.000 euros. Se desconoce si existe una denuncia por los mismos hechos en otro juzgado de España. Si fuera más antigua, estas diligencias deberían acumularse.
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