La responsabilidad penal de una persona que ha cometido un delito se extingue con su fallecimiento. Sin embargo, las consecuencias que hayan ocasionado esas posibles irregularidades pueden seguir investigándose. Eso sucederá con uno de los comisionistas de la trama del caso Azud, ya fallecido, ... pero a cuyos herederos o entorno se investigará para averiguar dónde fue a parar el dinero de las presuntas cantidades cobradas, su destino y su paradero.
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Se trata del jefe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Valencia, Néstor Ramírez, a quien las pesquisas que se detallan en el sumario de la causa le atribuyen el cobro de al menos 360.000 euros en comisiones por los pelotazos urbanísticos en el Ayuntamiento de Valencia.
Su participación, junto con la del vicealcalde Alfonso Grau fue esencial para el buen fin de una operación urbanística de recalificación de unos terrenos, según el auto de la jueza. Desde el principio se sabía la importancia de su papel, de ahí que en octubre de 2006, cuando los cabecillas de la trama trazan la hoja de ruta a seguir para conseguir sus intereses, uno de los más importantes es el de «conseguir la obtención del informe del servicio de asesoría jurídica».
Además de las primeras reuniones de los consejeros de una de las empresas de la trama, Mediterránea de Actuaciones Integradas, entre los temas a tratar figuró el del «fija dinero de los honorarios del jefe del servicio jurídico del Ayuntamiento».
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Héctor Esteban
Curiosamente, en esa fecha, ni siquiera se había publicado el auto en el que se determinaba la cuantía de la operación por parte del TSJCV.
Del análisis de los documentos que obran en el sumario, cuya copia se incluye en varios de los anexos, está el modus operandi para completar una operación urbanística de colegios. Ahí se encuentra la selección de las parcelas a entregar por el Ayuntamiento de Valencia, en pago de la asunción de la deuda de los centros, asumida por la mercantil Mediterránea de Actuaciones Integradas, que se produjo con la participación de la mercantil. En concreto por su consejero, Jaime Febrer, y determinados miembro del Ayuntamiento de Valencia, entre otros, el propio Grau y el jefe de los servicios jurídicos, ahora fallecido.
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El susodicho, decidió dar apariencia dé legalidad al verdadero negocio orquestado por Mediterránea de Actuaciones Integradas SL para facilitar el pelotazo. Pero, al haber fallecido, los investigadores no pueden dirimir las responsabilidades de su participación, pero sí lo harán para tratar de seguir el rastro de las comisiones que pudo cobrar.
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