El juez mantiene la imputación a Trenzano por las ayudas a Francis Puig

El alto cargo de Educación había pedido que se pusiera fin a su imputación en la causa, basándose en la declaración como testigo que llevó a cabo el jefe del servicio de su departamento, Vicent Tortosa, el septiembre, y en la que según argumenta su letrada «explicó de manera clarificadora el sistema de concesión de de subvenciones y control de las mismas, así como las funciones de Trenzano, que evidenciaron la imposibilidad de atribuir al alto cargo conducta delictiva alguna». En su escrito, su abogada dice que, a efectos del caso, la intervención de su defendido fue «eminentemente técnico». Sin embargo, el magistrado considera que no es momento procesal oportuno para sobreseer la causa para el alto cargo porque la instrucción sigue su curso y quedan aún diligencias por practicar. De hecho, avisa el juez de que hasta que no se considere finalizada la investigación no se adoptará decisión alguna que suponga, o bien la apertura de juicio o el archivo respecto a alguno o todos los investigados. La decisión del juez no es firme y admite recurso.

La petición de Trenzano se produce después de la declaración de Vicent Tortosa, su entonces subordinado en la Conselleria de Educación. En una comparecencia en el juzgado, en calidad de testigo, que duró casi tres horas, apuntó que la justificación de las ayudas recibidas por Comunicacions dels Ports y Mas Mut, las empresas de Francis Puig, fue correcta. Sobre las ayudas a Canal Maestrat y Kriol, las productoras de televisión de los Adell Bover, señaló que no las pudo comprobar de manera exhaustiva, ya que dejó la jefatura pocos meses después de que se presentara la denuncia por el presunto fraude de subvenciones públicas. La realidad es que los Adell Bover se vieron obligados a devolver parte de la subvención, después de que fueran puestos en cuestión programas como el Telescola. En cambio, Francis Puig ha podido seguir con su actividad normal mientras los Adell Bover entraron en concurso de acreedores en su empresa

La causa lleva más de dos años en el juzgado de Instrucción 4 de Valencia. Las declaraciones de los investigados se retrasaron, en su día, a la espera de un informe policial, que llegó a principios de año. El dosier de la Policía Judicial señala cuatro tipo de irregularidades en la justificación de los gastos por parte de Francis Puig y sus socios, los Adell Bover.

El primero, la existencia facturas cruzadas que han podido ser utilizadas para la obtención de las subvenciones «en mayor cuantía que la que correspondería». En los gastos de 2015, Comunicacions dels Ports, empresa de Francis Puig, habría adjuntado facturas de la productora Mas Mut «cuyo abono no ha quedado acreditado». A la inversa también se da el caso. La misma irregularidad se ha encontrado en Canal Maestrat, empresa de los hermanos Adell Bover. Un actuación que se extiende entre 2015 y 2018. «Estos hechos podrían ser constitutivos de delito de falsedad mercantil», indicó en otro informe la Fiscalía.

Otra de las irregularidades detectadas es la presencia de facturas que no se pueden considerar como gasto subvencionable. Si es así, está conducta sí que podría entrar, según Anticorrupción, «en la del falseamiento que exige el fraude de subvenciones». Hay facturas duplicadas o de suministro de energía que no se corresponden con el domicilio social de la empresa.

La tercera irregularidad es la detección de gastos imputados al 100% a las ayudas de la Generalitat Valenciana y a las dirigidas a la Generalitat de Cataluña. De esta manera ingresaban de las dos administraciones y justificaban con un mismo gasto. El informe policial pone el acento en este caso en las ayudas recibidas desde el Gobierno catalán y la Fiscalía Anticorrupción reclama que se coteje con la cuantía recibida en Valencia, «para averiguar el exceso de gasto acreditado».

La última irregularidad es la omisión en la solicitudes de que se han recibido ayudas por la misma finalidad, «especialmente con las ayudas recibidas por Cataluña». La clave de todo este proceso es si el montante final defraudado supera los 120.000 euros al año.