Un juez propuesto por el Botánico estará en el tribunal del TSJ que decidirá si imputa a Oltra

El ponente elegido ha sido el magistrado Antonio Ferrer, que será el encargado de estudiar el caso remitido por Instrucción 5 y hacer una propuesta al resto de miembros del tribunal para decidir si Oltra es imputada. El magistrado, llegado al TSJCV en 2013, no está afiliado a ninguna asociación profesional, y ha sido seis años presidente de la sección cuarta de la Audiencia de Valencia. De él será la propuesta final, en un equipo formado por la presidenta del TSJ, Pilar de la Oliva, que presidirá el tribunal, y por el magistrado Vicente Torres. Curiosamente, Torres, anterior fiscal anticorrupción, ascendió a magistrado a propuesta del actual Gobierno valenciano.

El extenso auto del titular de Instrucción 15 parece suficientemente fundado para que la consellera sea citada a declarar, un trámite en lo judicial pero un terremoto en lo político y mediático por la especial agresividad y exigencia que reclamó Oltra en la oposición. Asunto diferente, posible pero menos probable, es que finalmente se celebre un juicio por estos hechos. En ese escenario la situación se volvería insostenible. Pero esta posibilidad ya quedaría fuera del periodo de esta legislatura.

La opción de que el TSJ rechazara su imputación le daría cierta tranquilidad, pero no plena. El titular de Instrucción 15, el juez que ha llevado toda la investigación, podría seguir la causa contra los cargos de Igualdad imputados y que no gozan del aforamiento. Un juicio con casi una decena de personas de su departamento supondría una mochila suficientemente pesada sobre su gestión.

El proceso se inició con lo que se conoce como exposición motivada, un informe de 70 páginas en la que el juez desgrana los motivos para actuar contra la vicepresidenta. «Hay indicios de que nunca hubo una voluntad cierta de esclarecer los hechos», indica respecto a la denuncia inicial de la joven y la actuación de Igualdad. La exhaustiva exposición del juez se divide en dos actuaciones. Por un lado, toda la gestión desde el centro Niño Jesús, en contacto con Igualdad, y la decisión de no darle credibilidad a la víctima.

Y, por otro, todo lo que sucede cuando Oltra conoce que existe un procedimiento judicial y pese a esto encarga la apertura de un expediente que termina siendo un documento con el único objetivo de restar valor al testimonio de la adolescente. La resolución incide en las primeras actuaciones en el centro Niño Jesús. Llama la atención que nunca se le pregunta por los abusos en la entrevista con la psicóloga de la conselleria y donde se resuelve no dar credibilidad a la historia pese a que ya había relatado estas agresiones directamente a otras cuatro personas.

Esta exploración fue realizada por una psicóloga que no era experta en abusos y no completó ni siquiera un informe. «No se alcanza a entender el motivo por el que si existía un servicio de atención psicológica a menores, esta es derivada a una psicóloga no experta en abusos sexuales y el motivo por el que la niña no fue derivada a dicho servicio».

El magistrado efectúa una minuciosa cronología de qué ocurrió desde que la menor denuncia los abusos en febrero hasta que un mes más tarde se da ese primer carpetazo a las pesquisas. La conclusión resulta rotunda: «No existió en la sede de Conselleria ninguna voluntad real de esclarecer los hechos sino, por el contrario, de ocultarlos, con una mera apariencia de actuaciones dirigidas a esclarecerlos».